El 21 de octubre de 2013 se ha convertido en un fecha negra para la democracia española. Poco antes del mediodía, la Gran Sala del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) anunciaba su decisión de dar la razón a la sanguinaria terrorista de ETA Inés del Río Prada contra el Gobierno español por haberle aplicado la doctrina Parot. Salía de prisión apenas veinticuatro horas después, tras una decisión meteórica de la Audiencia Nacional, tras haber cumplido apenas 26 años y 3 meses de los más de 3.000 años a los que había sido condenado por, entre otros delitos, 24 asesinatos.
Este portazo a España tenía una razón. Sentado en ese tribunal se encontraba el magistrado español Luis López Guerra, exsecretario de Estado de Justicia del Gobierno Zapatero y partidario de la derogación de la doctrina Parot, al que el Ejecutivo socialista envió a Estrasburgo en plena negociación con ETA, en la que se había ofrecido a los terroristas la desaparición de esta doctrina judicial. Tanto en el fallo inicial como en el del recurso del Gobierno Rajoy votó en contra de los intereses de España.
Las víctimas sospechan que, durante las deliberaciones para el primer fallo, López Guerra transmitió al resto de jueces del tribunal europeo que el Gobierno Zapatero era favorable de una sentencia a favor de la derogación de la doctrina porque su intención era hacerlo, y viniendo la sentencia desde Estrasburgo no tendría coste político para La Moncloa.
Tras conocerse la sentencia, el ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, y el ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón, comparecieron juntos para asegurar que se trataba de "un fallo para un caso concreto, pero no hay una doctrina generalizada" y que no se verían excarcelaciones masivas. En similares términos hablaba días después el Fiscal General del Estado, Eduardo Torres-Dulce: "De la sentencia no cabe extraer ni que declare derogada la doctrina Parot ni que sus consecuencias sean automáticamente extensibles al resto de los reclusos a los que se le aplica esta jurisprudencia".
Pero la realidad distó mucho de lo dicho aquellos días por los responsables gubernativos. En los dos meses y medio que casi han pasado desde que se hiciera pública la sentencia del TEDH, los españoles y las víctimas de buena parte de los mayores monstruos que estaban cumpliendo condena en centros penitenciarios españoles han visto perplejos como se producía una auténtica pasarela de excarcelados.
En este tiempo, han abandonado la cárcel más de 60 terroristas de ETA, entre ellos, un buen número sentenciados a condenas superiores a los mil años, asesinos de los denominados años del plomo, cuyo nombre es sinónimo de muerte y mutilaciones, como los de Domingo Troitiño Arranz, Isidro Garalde Mamarru, Antonio López Ruiz Kubati, Inmaculada Noble Goicoechea, Gonzalo Rodríguez Cordero, Juan Carlos Arruti Azpitarte Paterra, Jesús María Zabarte Arregui el carnicero de Mondragón, Ignacio Erro Zazu Pelos y Juan Lorenzo Lasa Mitxelena Txikierdi, entre otros.
Junto a ellos, han salido a la calle ya una veintena de condenados a los que se aplicó la doctrina Parot, terroristas de organizaciones como los GRAPO, el GAL o el Exército Guerrilheiro do Povo Galego Ceive; conocidos violadores (el del portal, el del estilete, el del ascensor...); y reconocidos asesinos como Miquel Ricart, el único condena por el crimen de las tres niñas de Alcasser.
La sentencia del Tribunal de Estrasbugo ha sacado en dos ocasiones a las víctimas del terrorismo a la calle. La primera de ellas tuvo lugar a finales de octubre, sólo seis días después de que se conociera la sentencia, cuando miles de personas arrebataron la Plaza de Colón de Madrid para exigir justicia y que el Gobierno Rajoy no excarcelase a terroristas, violadores y asesinos en serie pese al fallo del TEDH.
La segunda se produjo a principios de diciembre, coincidiendo con la celebración del Día de la Constitución. Entonces el escenario fue una abarrotada Plaza de la República Dominicana, donde ETA cometió uno de sus atentados más sangrientos, y donde las víctimas denunciaron el abandono de los políticos y del Gobierno ante la excarcelaciones masivas de los terroristas.
Si el dolor de las excarcelaciones no era suficiente, las víctimas han tenido que aguantar cómo en varias localidades del País Vasco los asesinos de ETA eran recibidos con repicar de campanas y lanzamiento de cohetes, ante la inacción de la Ertzaintza. El Gobierno ha llevado hasta seis de estos homenajes a la Audiencia Nacional, pero nada ha sucedido desde que se dio ese paso.