El Gobierno no quiere adelantarse a los acontecimientos. "Hemos dejado bien claro lo que pensamos de la consulta y no vamos a entrar en hipótesis", defienden. En privado, argumentan que para evitar que se celebre el acto ilegal utilizarán todas las herramientas a su alcance, pero no las verbalizan para evitar una mayor tensión política e institucional.
Con la Generalidad sin dar muestras de retroceso, en el Ejecutivo apelaron al respeto a la ley y la responsabilidad política. "Mas asumió en un debate parlamentario que no haría nada que violentase a las leyes", recordó la vicepresidenta. Si finalmente, rompe su promesa y ataca a la Carta Magna, Mariano Rajoy asegura que no le temblará el pulso. "Pero no puedo aventurarme ni trabajar sobre hipótesis", insistió su número dos al término del Consejo de Ministros.
Cataluña centra la atención mediática y preocupa al Gobierno, si bien la teoría más extendida es que Artur Mas acabará cediendo. "De momento no ha cometido nada ilegal, ha anunciado que lo quiere hacer. Pero puede que se quede ahí", dicen. En caso de convocar la consulta, se irá de inmediato al Tribunal Constitucional que lo considerará ilegal. Según Rajoy, todo quedará ahí. Preguntada expresamente por el artículo 155, Soraya Sáenz de Santamaría no quiso pronunciarse.
Cabe destacar que en este tema el presidente va de la mano con Alfredo Pérez Rubalcaba. Se presupone que todo está pactado, o al menos así lo aseguran sus equipos. La idea es ser firmes en el fondo, pero no apretar. Por si acaso, y a tenor de los vaivenes del PSC, María Dolores de Cospedal apretó las tuercas: "Es muy importante la unión de todos los partidos", que la respuesta sea "clara y contundente" y "que nadie se ponga de medio lado".
La soberanía "es un asunto que computa al conjunto de la nación, no es un asunto que el Gobierno pueda negociar porque no forma parte de nuestra capacidad de disposición", se reafirmó la vicepresidenta. Esto significa un diálogo nulo en todo lo relacionado con la pretendida consulta: "Si algunos partidos quieren discutir y negociar esa consulta no nos van a encontrar. No hay nada que discutir y negociar". Cospedal fue más rotunda aún: "Nadie va a poner en peligro la unidad de España mientras esté gobernando el PP".
Partiendo de esta base, luego está el día a día. "Seguiremos trabajando para fortalecer los lazos económicos, sociales y afectivos de los catalanes", afirmó. Le preguntaron en concreto si el Estado seguirá ayudando económicamente a la Generalidad, y Sáenz de Santamaría dejó claro que sí. Como hasta ahora, se hará a través del Fondo de Liquidez Autonómico y el Pago a Proveedores.
La vicepresidenta trató de hacer pedagogía. El Gobierno también lo es de los catalanes y ha de trabajar para que no se vean "perjudicados". "Cumpliremos nuestras obligaciones en Cataluña" frente " a la irresponsabilidades de otros". Esto es, según Sáenz de Santamaría, es una "obligación si otras instituciones -en relación a la Generalidad- no cumplen" seguir ayudando a costear "servicios públicos" o adelantar el pago a proveedores. Eso sí, "es un préstamos que después tendrán que devolver"-