El PSOE ha emprendido una nueva cruzada contra la Iglesia Católica en un intento de reafirmar su ideología en un periodo de desapego por parte de sus votantes. Una estrategia cíclica, repetida cada cierto tiempo, aunque oculta bajo distintos pretextos.
Esta semana, los socialistas españoles han vuelto a rescatar su ya tradicional discurso de la abolición de los acuerdos de España con la Santa Sede y sus principales líderes enarbolan de nuevo la bandera del anticlericalismo. Así, Elena Valenciano ya ha afirmado que una de sus prioridades será eliminar los "privilegios de la Iglesia".
Para poder justificar esta nueva ofensiva sin caer en criterios ideológicos ha citado varios puntos. Por un lado, los socialiastas indican que estos acuerdos son "anticonstitucionales" y también "preconstitucionales". Por otro, aparece también la situación de las distintas minorías religiosas en España, maltratadas, a su juicio, por los privilegios del catolicismo. Sin embargo, los datos y los hechos ponen de manifiesto el verdadero origen y el objetivo de esta nueva ofensiva socialista.
"Preconstitucional y anticonstitucional"
Durante años el PSOE ha evocado la Constitución para arremeter contra unos acuerdos suscritos en buena parte por ellos mismos. Afirma Elena Valenciano que los acuerdos con la Santa Sede tienen un "origen preconstitucional". Sin embargo, éstos fueron firmados en Roma el 3 de enero de 1979 entre el ministro de Asuntos Exteriores, Marcelino Oreja, y el secretario de Estado vaticano, el cardenal Villot. Es decir, más de un mes después de que la Carta Magna fuera promulgada.
Del mismo modo, en estas campañas cíclicas los dirigentes socialistas se han escudado en la "inconstitucionalidad" de los acuerdos. Precisamente, Gregorio Peces Barba se erigió en varias ocasiones como el principal puntal socialista a pesar de su importante papel en la aprobación en el Congreso.
Pero esto es lo que él mismo decía tras la aprobación de los acuerdos:
Tengo que decir que, en relación con la constitucionalidad, hicimos en los cuatro Acuerdos una serie de observaciones y modificaciones, y que todas ellas fueron atendidas o suficientemente explicadas, de tal manera que, como ya tuve ocasión de decir en la Comisión, el Grupo Socialista, a pesar de que algunos temas parciales no han quedado resueltos -creo que, en realidad, el único tema parcial que ha quedado pendiente a nivel de los Acuerdos es el del carácter fundamental de la Religión como asignatura, porque los demás, a este nivel, insisto, a este nivel han sido resueltos-, no ve motivo para su abstención ni para su voto negativo. Por eso nosotros nos abstuvimos en la Comisión ante las enmiendas del Grupo Comunista, algunas de las cuales -como ya ha explicado el señor Solé Tura- fueron retiradas por las explicaciones dadas, que hoy, insisto, son también importantes para nuestra posición en relación con el tema de los Acuerdos respecto de las Fuerzas Armadas, pero que, en todo caso, producían una satisfacción general en cuanto a este nivel de constitucionalidad que nosotros habíamos adoptado como medida para calibrar la posición de los socialistas.
Por ello, queda de manifiesto que los altos cargos socialistas que en su momento negociaron los acuerdos vigentes con el Vaticano no tenían duda de su constitucionalidad. Algo que igualmente quedó acreditado en el Congreso de los Diputados cuando se sometió a votación, donde se llevó a cabo con una inmensa mayoría de todos los grupos del arco parlamentario.
Básicamente, el texto firmado entre España y la Santa Sede quedaba dividido en cuatro puntos. El primero se centraba en asuntos jurídicos. El segundo, el más polémico, versaba sobre la enseñanza y asuntos culturales. El tercero de los aspectos trataba sobre la asistencia religiosa a las Fuerza Armadas y el servicio militar de clérigos y religiosos. Y por último se centraba en los asuntos económicos.
Pues bien, la votación sobre los aspectos jurídicos fue aprobada por 293 votos a favor, dos en contra y dos abstenciones. El de la enseñanza y cultura, con 178 votos favorables, 125 en contra y una única abstención. Los aspectos económicos tan recurridos actualmente por socialistas y comunistas consiguieron un apoyo de 273 votos, una oposición de 21 y cinco abstenciones. Por último, otro de los aspectos que suscita más polémica, el de la asistencia religiosa en las FFAA, obtuvo 294 apoyos por un voto en contra y otra abstención.
Aparte del apoyo mayoritario del Congreso de los Diputados, el acuerdo se basaba, tal y como reconocía Marcelino Oreja, en los principios constitucionales que recoge el artículo 16 de la Carta Magna sobre la libertad religiosa y que en su tercer punto dice: "Ninguna confesión tendrá carácter estatal. Los poderes públicos tendrán en cuenta las creencias religiosas de la sociedad española y mantendrán las consiguientes relaciones de cooperación con la Iglesia Católica y las demás confesiones". El PSOE actualmente se esmera en recalcar que la Iglesia no puede tener "carácter estatal" pero también en olvidar que hay que cooperar con la Iglesia Católica.
El pretexto de las minorías religiosas
Es en este punto donde aparece otro de los tradicionales pretextos del PSOE para romper el texto. En su opinión, la Iglesia Católica tiene una serie de privilegios que van en detrimento del resto de confesiones religiosas que existen en España.
El último barómetro del CIS afirma que más del 70 por ciento de los españoles se declara católico. Además, la propia Constitución recalca la importancia de colaborar con la confesión mayoritaria. Sin embargo, las religiones minoritarias en España no viven en el limbo jurídico sino que también han suscrito distintos acuerdos con el estado español para regular su funcionamiento e incluso financiación.
Estos acuerdos se producen con religiones de "notorio arraigo" en España, que se tiene si hay un número relevante de practicantes en el país, si llevan un tiempo considerable y también se tiene en cuenta su grado de difusión.
En 1992 firmaron estos acuerdos con España las comunidades musulmanas, las iglesias evangélicas y las comunidades judías. Años más tarde también se han unido los testigos de Jehová, los mormones, los budistas y los cristianos ortodoxos.
La principal diferencia entre la Iglesia Católica y el resto de confesiones es que el acuerdo con la Santa Sede tiene carácter de Tratado Internacional al estar negociado con un país y el de las religiones de "notorio arraigo" tiene carácter de ley de las Cortes Generales. En consecuencia, la Iglesia se financia con la casilla de la declaración de la renta mientras que el resto recibe las subvenciones de manera directa por parte del Estado.
Ley de libertad religiosa
Por último, el PSOE parece estar impaciente por la aprobación de una ley de libertad religiosa, algo que hoy en día les parece una necesidad de primer orden. Sin embargo, actualmente está vigente la Ley Orgánica de Libertad Religiosa aprobada en 1980 y que fue aprobada con 294 votos a favor y cinco abstenciones. De nuevo, una mayoría aplastante. Esta ley ha sido precisamente la que ha permitido regular y dar reconocimiento jurídico, y las contrapartidas de las que también goza la Iglesia Católica, al resto de confesiones minoritarias y que son invocadas por el PSOE como excusa para romper los tratados con la Santa Sede.
Además, el PSOE estando en el gobierno preparó una nueva ley sobre este asunto que finalmente decidió guardar en un cajón. Justamente en un Gobierno en el que el actual líder, Alfredo Pérez Rubalcaba, tenía un papel relevante.