La colonia británica de Gibraltar ocupó ríos de tinta durante el pasado verano. El problema se inició con el lanzamiento por parte del Gobierno del Peñón de 70 bloques de hormigón que tenían como supuesto objetivo crear un arrecife artificial, aunque la realidad es que era una nueva maniobra gibraltareña para dificultar la labor de los pescadores de la Bahía de Algeciras. Los bloques llevaban consigo barras de hierro destinadas a romper las redes de los pescadores.
A esta polémica se unió la intensificación de los controles fronterizos por parte de España, que provocó que las colas de entrada por carretera a la colonia se alargasen varias horas más de lo habitual. El objetivo de estos controles, que todavía se mantiene, es dificultar el contrabando de tabaco desde Gibraltar hacia España. A esta polémica se unió el paso por la colonia de varios buques de la Royal Navy que iban de maniobras militares al este del Mediterráneo y al Golfo de Adén.
Tras las quejas formales del Reino Unido por los exhaustivos controles españoles en la verja, la Unión Europea envió varios inspectores a la zona, resolviendo en un informe a mediados de noviembre en el que daba la razón a España. Según decía, el Gobierno de Mariano Rajoy no ha infringido las normas de la UE al endurecer los controles fronterizos en Gibraltar, al tiempo que remitía una carta al Reino Unido solicitando "medidas" para vigilar las importaciones de tabaco que entran en el Peñón, y que son totalmente desproporcionadas para la población de la Roca.
Esta decisión de Bruselas, dando la razón a España no gustó en ni en el Reino Unido ni en Gibraltar, que han elevado el tono de sus declaraciones y actuaciones en las últimas semanas. Ejemplo de ello, fue que Londres convocase de urgencia a Federico Trillo, embajador español en el país, por la navegación del buque oceanográfico "Ramón Margalef" en aguas territoriales españolas en torno al Peñón apenas veinticuatro horas después de la decisión europea.
Más estridente fue la reacción gibraltareña. Días después, el ministro principal de la Roca, Fabián Picardo, amenazó con disparar a la Guardia Civil si seguía navegando en aguas cercanas a Gibraltar, justificándolo en que podían ser confundidos con terroristas, al tiempo que exigía la presencia de la Royal Navy en el puerto del Peñón.
La última polémica se ha prolongado durante toda esta semana, aunque su eco mediático ha sido mucho mayor en el Reino Unido que en España. Todo empezó el pasado viernes 22, en el paso fronteriza entre Gibraltar y La Línea de la Concepción (Cádiz), cuando agentes de la Guardia Civil abrieron varias sacas de correspondencia que transportaba una empresa de mensajería, porque en su interior se observaba algún objeto cuya licitud presentaba dudas.
Entre las sacas abiertas había una que llevaba un precinto de valija diplomática que los guardias civiles revisaron como si de una más se tratase. Esta apertura fue denunciada por la colonia británica ante las autoridades de Londres, lo que provocó una rápida queja de la embajada del Reino Unido en Madrid. "Es una grave violación de los principios de la Convención de Viena sobre relaciones diplomáticas", argumentaban a Efe fuentes de la delegación diplomática.
El Gobierno del Reino Unido presentó una queja formal, en forma de nota verbal diplomática, y un portavoz del Ministerio de Exteriores (Foreign Office) dijo que "es clave que el Gobierno español comprenda que este tipo de acciones son inaceptables". "La correspondencia oficial y las valijas diplomáticas son inviolables. Tomamos muy en serio cualquier denuncia de abuso de los protocolos relativos a la correspondencia oficial y la valija diplomática", añadió.
Convocaron de forma inmediata a Federico Trillo, por tercera vez en menos de doce meses, y, como no podía ser de otro modo, la polémica llegó al Parlamento de Westminster. El propio primer ministro británico, David Cameron, habló de esta polémica en la Cámara de los Comunes: "Pedimos a las autoridades españolas que investigaran con urgencia y lo han hecho. Hemos recibido ahora una explicación de los españoles. Se nos ha asegurado que esto no volverá a ocurrir".
Hasta cinco parlamentarios británicos se mostraron especialmente beligerantes ante este supuesto incidente en la sesión de esta semana. Bob Stewart (Partido Conservador) pidió a su Gobierno que apruebe "nuevas medidas políticas o de cualquier otro tipo para poner fin al acoso de España al pueblo gibraltareño". Robert Neill (Partido Conservador) dijo que el Gobierno español "se está rebajando a los niveles de los gobiernos de Francisco Franco" y abogó por "reforzar el despliegue" de la Royal Navy en Gibraltar.
En esta línea, Peter Bone (Partido Conservador) apostó por utilizar a la Armada británica para amedrentar a España, pidiendo que dos fragatas hagan una "escala de buena voluntad" en el Peñón. Mismo tono belicista tuvo Edward Leigh (Partido Conservador), quien dijo que "la mejor forma de preservar la paz es la fuerza de la Royal Navy". Por su parte, el laborista Gerald Kaufman pidió que si el incidente se vuelve a repetir "el embajador español debería ser expulsado de este país".
La respuesta española a las protestas británicas fue mucho más sosegada. Desde el Gobierno de Mariano Rajoy recordaron que según la legislación internacional una valija diplomática debe salir de una Embajada a un Ministerio o viceversa y la oficina del Gobernador británico en Gibraltar no se acoge a lo marcado por la Convención de Viena. Además, las valijas diplomáticas deben ser transportadas por un funcionario gubernamental perfectamente acreditado, y no por el empleado de una agencia de mensajería.