La pregunta de Esperanza Aguirre en el Comité Ejecutivo del PP sobre López Guerra volvió a suscitar la duda de si el Gobierno pudo haber hecho más para evitar el fallo de Estrasburgo sobre la doctrina Parot. La presidenta del PP de Madrid fue contestada por Gallardón, quien esgrimió que el Ejecutivo no podía sacar de su puesto a López Guerra puesto que el mandato de los jueces de Estrasburgo, de nueve años, sólo concluye cuando alcanzan la edad de 70 o porque haya un acuerdo de dos tercios de los miembros del TEDH.
En Es la Mañana de Federico, de esRadio, el predecesor de López Guerra en el cargo, Javier Borrego, se ha pronunciado sobre qué otras vías podría haber tenido el Ejecutivo y también sobre el alcance real del fallo europeo.
Tras precisar que él no fue removido por el Gobierno de Zapatero, puesto que él tenía la misión de terminar los años que le faltaban por cumplir a su predecesor, ha contado que la elección del sustituto "se concibió en el más profundo de los secretos". "Yo no pedí ser prorrogado" pero si lo hubiera hecho, "habría sido inútil", ha explicado el juez sobre la elección de López Guerra, con una extensa trayectoria política a sus espaldas y elegido en plena negociación del Gobierno con ETA.
La "sentencia piloto" que no hubo
Borrego también ha arrojado luz sobre el fallo en sí mismo y las consecuencias que está teniendo en España, con decenas de excarcelaciones desde el anuncio. El juez ha afirmado que "la sentencia de Inés del Río es una sentencia individual" y así lo decidió Estrasburgo, pese a que ahora se esté "extendiendo a todos los otros casos".
Según ha explicado, un artículo del reglamento del TEDH, el 61, establece el procedimiento de sentencia piloto, mecanismo por el que que Estrasburgo resuelve todos los "casos parecidos" con "una sola sentencia". En el caso Del Río Prada, sin embargo, el TEDH decidió emitir una sentencia "individual", "conscientemente", en lugar de emitir una sentencia piloto que se refiriera a las otras 29 demandas presentadas en Estrasburgo. Borrego ha insistido en que se trató de una decisión "consciente" del tribunal puesto que Estrasburgo conocía, porque así lo había comunicado el Gobierno, que había "múltiples casos" parecidos al de la etarra.
"Pudo haber dictado una sentencia aplicable a todos los casos semejantes y conscientemente no lo hizo. Eso es meridianamente objetivo", ha reiterado Borrego antes de precisar que la "extensión de sus efectos" a otros presos es consecuencia de "la interpretación sostenida por algunos" de la ley española, pero no una consecuencia de este fallo "individual".