Por ejemplo, en Madrid con facturas que amparaban compras que el sindicato hacia a una sociedad de su propiedad donde se autoinfligía una mordida del 5 por ciento incluyéndolas luego como subvenciones públicas procedentes de ayuntamientos. Fue el caso de Alcorcón, donde el alcalde socialista Enrique Cascallana (2003-2011) –senador y diputado de la Asamblea de Madrid– no ponía objeción alguna al pago de las mismas aunque incumplían la normativa de las subvenciones.
Según ABC, el ayuntamiento alcorconero daba unos 7.000 euros anuales para financiar los gastos que tuvieran los liberados sindicales de la UGT, que eran una media de diez personas. Estos justificaban las cantidades aportando una serie de facturas de la empresa Artensa, una central de compras controlada por el sindicato. Es decir, se compraban el material a sí mismos. Artensa incluía en todas las facturas la "mordida" oficial, una comisión del 5 por ciento sobre el total del importe. El sindicato supuestamente compraba material de oficina pese a que, según consta en el acuerdo municipal, es el ayuntamiento el que se encarga de suministrar esos productos.
El gran proveedor del material de UGT es Artensa Central de Compras, una Agrupación de Interés Económico propiedad de la UGT. Las AIE son sociedades mercantiles que, a diferencia de las empresas, no tienen ánimo de lucro. Artensa se encargaba de la compra de bienes y luego facturaba a UGT el mismo importe por el que compra más un porcentaje fijo por su trabajo.
La central de compras del sindicato está encabezada por un dirigente nacional de la UGT. Se trata de Manuel Mora Moreno, secretario de Administración y Finanzas de la Comisión Ejecutiva Federal de la Federación de Servicios Públicos de la UGT. Entre los consejeros de Artensa también está Macario Esteban Serrano, que tiene el mismo cargo, pero a nivel de Madrid. La sede social de la central de compras es un local de la calle Rufino González de Madrid, el mismo que utiliza la UGT para impartir cursos de formación con cargo a subvenciones.
La corporación ahora presidida por David Pérez (PP) sospecha que una buena parte de los productos nunca se compraron, sino que las facturas se fabricaban para justificar el cobro de las subvenciones. Ahora, el Ayuntamiento de Alcorcón no concede subvenciones ni a los sindicatos ni a los partidos.
La investigación de los ERE fraudulentos de Andalucía ha acreditado que las facturas falsas estaban a la orden del día en las cuentas de UGT. Es más, recuérdese que el cobro de comisiones a empresas proveedoras era tan habitual que incluso el sindicato tenía un manual de cómo actuar.
Más falseamientos
Por reducción al absurdo, es imposible que la sección sindical de UGT del Ayuntamiento de Alcorcón comprara para diez personas 5.500 portanotas, de modo que a cada sindicalista le hubieran correspondido más de 500 portanotas. También cabían a 1.500 sobres cada uno, 3 cajas de folios por barba, 200 carpetas con gomas por liberado o más 100 euros en fotocopias por sindicalista.
Incluso se cargaba al Ayuntamiento el papel higiénico y el jabón, aunque los aseos eran atendidos por el Ayuntamiento, como es natural. Cabe la posibilidad de que el sindicato comprara el material para usarlo fuera del ayuntamiento, pero entonces hubiera incumplido el acuerdo por el que se concedían las ayudas, permitidas para cubrir gastos de la actividad sindical en la casa consistorial.
Otra anomalía es que en las facturas presentadas por UGT se enumera el material que supuestamente ha vendido Artensa, pero no aparece reflejado el precio de cada producto, como debe marcar cualquier factura. El diario del grupo Vocento aporta el caso de la factura del 10 de octubre de 2010 que incluye seis productos distintos de sobres y "bolsas kraft", pero todo está englobado en una única unidad que cuesta 2.535,30 euros más IVA y más la comisión. Otras mezclan sobres, clasificadores y cuadernos.
Almuerzos irregulares
En una de las facturas aparecen 365,40 euros por trece menús en un restaurante de Alcorcón, es decir, 28 euros por persona, pero a fecha actual el menú en ese local cuesta una tercera parte, 10 euros. Pero con almuerzos de esta índole, el sindicato agotaba el importe total de la subvención.