El sistema de recaudación irregular que empleaba la trama de corrupción de los ERE en Andalucía -y que está siendo investigado actualmente por la juez Mercedes Alaya- pudo haberse extendido a otras agencias públicas o empresas de la Junta. Así lo recoge la memoria de trabajos de la Intervención General de la Junta de Andalucía del año 2006, realizadas dentro de las diligencias del caso Invercaria.
Tal y como expone el diario El Mundo, en la memoria la Intervención mantiene que estos nuevos casos muestran "defectos en la contabilización de las transferencias de financiación" en favor de las nueve agencias y empresas. Éstas empresas o agencias son la Empresa de Turismo de Andalucía, la empresa pública de Gestión de Programas Culturales, la empresa pública de Desarrollo Agrario Pesquero, la agencia de comercio exterior Extenda, la empresa de gestión medioambiental Egmasa, la empresa pública Deporte Andaluz, el Gestor de Infraestructuras de Andalucía Giasa, la Radio Televisión de Andalucía, y por último la Agencia Idea empresa de Turismo de Andalucía.
La Fiscalía Anticorrupción, en un escrito al juez Juan Gutiérrez Casillas, pide que se instruyan nuevas causas para las primeras ocho, ya que la Agencia Idea está sometida al sumario del caso de los ERE investigado por Alaya. Los fiscales anticorrupción defienden que los hechos al no tener "conexidad" con la investigación del manejo de los fondos de Invercaria, deben instruirse necesariamente como causas independientes.
Los fiscales en su argumentación se apoyan en las advertencias del interventor en su memoria de 2006. En estas empresas y agencias públicas de la Junta, entre ellas Canal Sur (RTVA), "se han puesto de manifiesto irregularidades en la tramitación de los expedientes administrativos utilizados por algunas consejerías para el envío de fondos". La Fiscalía hace suyas las palabras del interventor: "El expediente administrativo de transferencia de financiación ha sido tramitado para financiar operaciones de encargos de ejecución, subvenciones excepcionales u otros que habrían requerido una tramitación administrativa propia y sometida a fiscalización previa".
Tal y como muestra casi diariamente Pedro de Tena en Libertad Digital, el dinero destinado a los ERE podían ser usados legalmente para equilibrar las cuentas de pérdidas de ganancias por las agencias y organismos públicos, así como para enjugar pérdidas de años anteriores, entre otras funciones. La ilegalidad del caso de los ERE está en usar el dinero de los ERE para subvenciones, tanto a empresas como a entes públicos, así como otros tipos de gastos que deberían ser autorizados previamente por interventores.
Como recoge El Mundo, los fiscales Fernando Soto Patiño y Manuel Fernández Guerra piden en su escrito al juez Juan Gutiérrez Casillas investigar estos nuevos hechos para saber "si la utilización del reseñado procedimiento puede ser constitutivo de ilícito penal", ya sea por "prevaricación y/o malversación de caudales públicos, de existir menoscabo de los mismos".