El 20-N de 2011, el PP de Mariano Rajoy ganó las elecciones generales con un porcentaje de voto que le otorgó una holgada mayoría absoluta, mientras el principal partido en la oposición se despeñaba con el peor resultado en democracia. La magnitud de la victoria suponía carta blanca para el Gobierno para acometer las medidas económicas urgentes que permitieran sortear la amenaza del rescate, y también la posibilidad de emprender, en solitario, la lista de reformas pendientes.
Una de las principales, la judicial, figuraba entre las promesas de los populares en el programa electoral. Entre otras cosas, los populares prometían "propiciar el respeto a la independencia" de los magistrados y "fortalecer el Consejo General del Poder Judicial". La fórmula, modificar el sistema de elección de los vocales,
"...para que, conforme a la Constitución, doce de su veinte miembros sean elegidos de entre y por jueces y magistrados de todas sus categorías".
El recién nombrado ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón, oficializaba esa promesa tres meses después de la victoria, junto con otras muchas medidas destinadas a regenerar uno de los pilares del Estado. El 25 de enero Gallardón compareció en el Congreso para anunciar una "revolución" que, dijo, comenzaría por la "cúspide", es decir, por el órgano de gobierno de los jueces. Confirmó que se modificaría la ley a fin de que la mayoría de vocales fueran elegidos por su compañeros y se acabara así con el actual "sistema perverso" de elección. Ese "sistema perverso" y "partidista" del que hablaba el ministro ha sido, dos años, después, el utilizado para renovar el órgano.
La ruptura de la promesa se confirmó este martes, con el anuncio, desde el Congreso de los Diputados, de que los grupos parlamentarios habían alcanzado un acuerdo al que por primera vez se sumaba IU. Los vocales del CGPJ habían sido designados - 10 vocales para el PP, 7 para el PSOE, 1 para IU, 1 para CIU y 1 para el PNV- y a falta de conocer todos los nombres, ya chirriaban algunos. El que más, el de Álvaro Cuesta, un abogado más conocido por su dilatada trayectoria como político -fue miembro de la Ejecutiva socialista y diputado durante años- que por sus conocimientos jurídicos. El acuerdo, ensalzado por casi todos los partidos por el "consenso" alcanzado, terminaba por enterrar las esperanzas de una justicia menos politizada.
Ha sido la última, pero no la única promesa incumplida del Gobierno popular. En materia económica, la más evidente ha sido la de la subida de impuestos tras una campaña bajo la promesa de que no lo harían. Pero los incumplimientos también alcanzan el déficit público, el control de las autonomías, las pensiones o la unidad de mercado. En todos estos casos, las expectativas creadas en campaña no se correspondieron con la realidad.
En política antiterrorista, las excarcelaciones de etarras en virtud del fallo de Estrasburgo contra la doctrina Parot ha puesto en pie de guerra a las víctimas, a las que en el programa se prometía "una reparación a través de la justicia". El polémico caso Bolinaga, con la salida de prisión del terrorista por enfermedad con informes médicos que sí veían posible su tratamiento en prisión, también han puesto en cuestión las promesas del Gobierno.
Entre tanto, otro asunto, el de Cataluña, puede convertirse en el protagonista de los dos años que le quedan a Rajoy como presidente. Con el Gobierno catalán desafiando con una consulta ilegal y un Estado propio "en esta legislatura o la siguiente", todas las miradas están puestas en el Ejecutivo y la defensa que estará dispuesto a hacer, llegado el momento, de la unidad de España frente al separatismo. Algunas señales, como las concesiones en lo económico, no invitan al optimismo.