La jefa del servicio de Fiscalización de la Junta de Andalucía durante 12 años, una funcionaria que trabaja en la Administración desde 1989, declaró ante la Guardia Civil en 2012 que nunca en su carrera profesional vio nada igual al caso de los ERE. La funcionaria concluyó en su declaración que "no debieron concederse las ayudas" debido al cúmulo de irregularidades en el procedimiento. En su declaración se demuestra que el exinterventor Manuel Gómez Lobo sí intervino ante la manifiesta irregularidad de los comportamientos.
María Rosario Lobo Iglesias, que de junio de 2000 a febrero de 2012 fue jefa del servicio de Fiscalización de la Junta, un departamento adscrito a la Intervención General, recibió en el año 2004 el encargo del interventor de hacer un análisis sobre las ayudas que estaba concediendo el director general de Trabajo, Javier Guerrero.
La funcionaria admitió ante la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil -UCO- que "le llamó la atención la falta de documentación, algo totalmente fuera de la común en los expedientes analizados en su carrera profesional". Los documentos estaban "desordenados e incompletos, algo nada normal", según la jefa del servicio de Fiscalización, y la escasa documentación que existía tenía un "contenido mínimo".
Lobo reconoció, igualmente, que el encargo que recibió por parte del interventor de analizar las subvenciones que se estaban repartiendo, constituye una actuación infrecuente que "no le ha pasado nunca, ni antes ni después de estos hechos".
Además, señaló que, en su experiencia como funcionaria, no se ha encontrado con expedientes tramitados como las ayudas de los ERE, "ya que no sólo la imputación presupuestaria era inadecuada, sino que además carecían de gran parte de la documentación precisa para su tramitación y que se había omitido su fiscalización previa".
A petición del interventor general, la funcionaria emitió en el año 2004 un análisis sobre el reparto de ayudas del fondo de reptiles. En su declaración ante la UCO se ratificó en el contenido del informe y precisó que la falta de fiscalización previa "provocaría, por sí solo, la emisión de un informe fiscal de convalidación de gasto", es decir, un proceso de fiscalización a posteriori que podría haber concluido con la anulación del gasto.