Los dos anarquistas chilenos detenidos este miércoles en Madrid, Francisco Javier Solar Domínguez y Mónica Andrea Caballero Sepúlveda, acusados de colocar un artefacto explosivo en la basílica del Pilar días antes de la festividad del 12 de Octubre no se enfrentarán por primera vez en su vida a cargos de terrorismo cuando en las próximas horas pasen a disposición judicial.
Ambos estuvieron varios años en prisión provisional en su propio país y estuvieron procesados por el denominado como Caso Bombas, un macrojuicio en el que se procesó a 14 anarquistas como integrantes de organización terrorista y responsables de la colocación de más de treinta artefactos explosivos entre 2006 y 2009 en varias localidades de Chile. La Fiscalía pedía 25 años de cárcel para Solar Domínguez y 20 años para Caballero Sepúlveda.
Estos artefactos explosivos fueron colocados instituciones oficiales como el Consejo de Defensa del Estado, la Escuela de Gendarmería, una comisaría de los Carabineros, la Agencia Nacional de Inteligencia y entidades bancarias como el BBVA, Banco Estado, Banco Ewards-Citi y el Banco de Crédito en Inversiones, entre otros lugares. También tuvieron como objetivo varios templos religiosos.
Inexplicablemente, los 14 procesados fueron absueltos en un extraño y polémico juicio en el que los jueces del tribunal no aceptaron más de un millar de pruebas e indicios presentados por la Fiscalía, entre los que se encontraban escuchas telefónicas, hasta 17 vídeos que probarían la realización de los atentados e, incluso, las transferencias de dinero que recibieron dos de los imputados desde Italia y que habrían servido para financiar los atentados.
Según la Fiscalía chilena, Francisco Javier Solar Domínguez intervino directamente en la manipulación de artefactos explosivos e incendiarios, así como en su fabricación y posterior colocación. Fue sorprendido en diciembre de 2009 en su domicilio con diversas prendas de vestir con restos de material explosivo tipo TNT y RDX, además de objetos que sirven habitualmente para la confección de artefactos explosivos, documentación y material informático referido al plan criminal de la asociación. En agosto de 2010, en otro piso, se incautó una sustancia explosiva tipo Tertil, nueva documentación y material informático relacionado con el plan criminal de esta organización.
Por su parte, Mónica Andrea Caballero Sepúlveda fue acusada de los delitos de "asociación ilícita de carácter terrorista en calidad de integrante" y "colocación de artefacto explosivo de carácter terrorista en grado consumado" ya que los investigadores tenían la certeza de que fue la encargada de colocar un artefacto explosivo el 21 de noviembre de 2009 en la Iglesia de Los Sacramentos, en Santiago de Chile (Chile).
La Fiscalía chilena manifestó que Mónica Andrea "fue sorprendida en diciembre de 2009 en la casa ocupada La Crota, donde ella residía en posesión de documentos, papeles y material informático referidos al plan criminal de la asociación, como son una fórmula para la elaboración de sustancia explosiva tipo pólvora casera, listado de colocaciones de artefactos explosivos e incendiarios, la confección de artefactos explosivos e incendiarios; documentos y comunicados reivindicatorios del actuar criminal de la asociación, además de encontrarse en posesión de insumos para la confección de artefactos explosivos e incendiarios (Un bidón con combustible)".