El juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz ha citado a declarar como testigo a la presidenta del PP de Madrid Esperanza Aguirre en el marco de la trama Gurtel. El magistrado no pone fecha a esta declaración ya que da la posibilidad a la expresidenta de la Comunidad de Madrid de declarar por escrito y no tener así que de desplazarse hasta la sede judicial.
En el auto, al que ha tenido acceso Libertad Digital, el instructor explica que la declaración Aguirre es una "diligencia necesaria, útil e idónea a los fines de la instrucción" para aclarar la participación de Alberto López Viejo, exconsejero de Presidencia y Deportes de la Comunidad de Madrid, en dicha trama corrupta.
El magistrado del Juzgado de Instrucción Número 5 de la Audiencia Nacional investiga cientos de contratos firmados por dicha autonomía con la red de empresas capitaneada por Francisco Correa que se habrían apartado "de los principios de publicidad, concurrencia, objetividad y transparencia con infracción de lo dispuesto en la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas".
En la resolución, Ruz subraya que "sin perjuicio de compartirse con el Ministerio Fiscal que de las diligencias hasta ahora practicadas no resulta indicio alguno de participación o consentimiento por parte de la señora Aguirre Gil de Biedma en la irregular operativa de contratación llevada a cabo por la Comunidad de Madrid a lo largo de los años objeto de investigación –lo que invalida la petición de que la precitada pudiera ser citada en cualquier otra condición distinta de la de testigo-, su declaración testifical sí resulta por lo anteriormente razonado una diligencia necesaria, útil e idónea a los fines de la instrucción".
La reacción de Aguirre
El magistrado entiende que con su testimonio "se podrá incidir en la supuesta instrucción o indicación que el imputado Sr. López Viejo habría recibido por parte de la señora Esperanza Aguirre Gil de Biedma de prohibición de contratación de actos y eventos con la mercantil Easy Concept, vinculada a la organización de Francisco Correa".
En el auto, el juez explica de forma detallada el sistema de contratación irregular llevado a cabo por diversas consejerías de la Comunidad de Madrid. El magistrado explica que los actos encargados a las empresas de Correa eran normalmente solicitados por determinadas personas destacadas de algunas consejerías, siendo Easy Concept la empresa que fundamentalmente centralizaba toda la información económica y elaborada con carácter interno para cada una de las "hojas de costes".
Sobre esas facturas se aplicaba un porcentaje de incremento –un cinco por ciento normalmente- que no se declaraba al fisco. Igualmente, las facturas nunca podían ser de cuantías superiores a los 12.000 euros para así eludir los trámites de publicidad y adjudicación. Por esta razón, dichas facturas se fraccionaban. En total, Ruz cree que el beneficio irregularmente obtenido asciende a 4.915.472 euros.
La expresidenta de la Comunidad de Madrid ya ha reaccionado a la noticia. En un comentario en Twitter, Aguirre ha dicho que "estará encantada de colaborar con la Justicia para que se depuren todas las responsabilidades" en esta trama.