El secretario general de Comisiones Obreras, Ignacio Fernández Toxo, ha comparecido este jueves en la sede del sindicato para presentar el informe que han elaborado tras las imputaciones de la juez Alaya en su investigación en torno a los ERE fraudulentos.
El documento concluye que "no ha habido enriquecimiento ilícito ni práctica de reparto de subvenciones" generalizada en el sindicato. También afirma que ningún responsable ha obtenido un beneficio personal ilegítimo, aunque sí aprecia un comportamiento reprobable en cinco de los diez imputados, pero apunta que se trataría de "actuaciones personales al margen de los órganos de dirección de su respectiva federación".
Dos de estos imputados, Damián Jiménez y José Manuel Casado, "no son afiliados actualmente"; por su parte, Cristóbal Martínez, "no lo ha sido nunca", y respecto a los dos restantes, Francisco González y Francisco Casado, CCOO cuenta que "están en tramitación sendos expedientes sancionadores por sus respectivas Federaciones de Industria y Comfia". Según Toxo, este quinteto no recibirá la protección jurídica del sindicato.
En cambio, el líder sindical sí que confía en la inocencia del secretario general de la Federación de Industria de Andalucía, Enrique Manuel Jiménez García; del secretario general del sindicato provincial de Industria de Sevilla, Juan Antonio Caravaca; del exsecretario de Organización y Finanzas de la Federación Andaluza, Antonio Florido García; del exdelegado de SAMEC -empresa del corcho de Sevilla-, Diego Guerrero González, y del extrabajador de la empresa Litográficas del Sur S.L., Antonio Fernández Garzón.
Es necesario evitar el "desorden organizativo"
En el informe también se indica que "ha habido casos de desorden organizativo o ausencia de documentación o especificación de las actividades efectivamente realizadas" del sindicato.
Para evitar este tipo de "confusiones", CCOO apela a la "necesidad" de modificar las actuaciones internas, "tanto en lo referente al desglose, detalle y justificación de nuestras actuaciones futuras, como de las formas de facturación indirecta que, en ocasiones, se han practicado". ¿Cómo? "Mediante la fijación de un procedimiento de actuación a la hora de facturar los servicios del sindicato, un mecanismo de información y control transparente de todas las actuaciones en esta materia y, en caso de ser necesario, los mecanismos de ejecución efectiva de ese mandato".
En este sentido, el secretario general de CCOO ha admitido en rueda de prensa que "ha habido desorden, cierta confusión entre autonomía e independencia". "Tenemos que partir de un hecho constatado, que es que lo que sucede en cualquier esquina del país que afecte a las siglas del sindicato afecta al conjunto de la organización", ha añadido.
No emprenderán acciones contra Alaya
Además, tanto Fernández Toxo como el secretario general de CCOO-A, Francisco Carbonero, han confirmado a LD que "en ningún caso tomarán acciones judiciales contra la juez Alaya", conducta que contrasta con la de UGT-A, quien denunciará a la juez si sus servicios jurídicos lo estiman oportuno y que también choca con las durísimas críticas contra la juez vertidas por CCOO nada más conocerse las detenciones.
Otra cosa, según el secretario general de CCOO, es que "individualmente, si lo creen oportuno, las personas imputadas tomen otras decisiones. Pero individualmente", ha recalcado.
"Una chapuza administrativa"
Carbonero sí ha apuntado a la Junta de Andalucía para cargar contra el sistema de ayudas y se ha referido a la "gran chapuza administrativa de la autoridad laboral"., que ha permitido "que aparezcan intrusos que no lo son pero el sindicato ni ha hecho un acuerdo con el Gobierno andaluz sobre cómo se participaba o las ayudas sociolaborales ni es cierto que las federaciones fueran todo el día corriendo detrás de las aseguradoras".
Por su parte, Toxo se ha mostrado más comedido y ha mantenido que no ha "descargado" sobre la Junta la responsabilidad, aunque sí que "hay actuaciones de otras partes que son manifiestamente mejorables".