El juez que investiga el expolio del Palau de la Música ha elevado a 6,6 millones de euros, casi un millón y medio más de lo que inicialmente estimó, la suma que presuntamente CDC se embolsó de la constructora Ferrovial en concepto de comisiones ilícitas a través de la entidad cultural.
En un auto, el titular del juzgado de instrucción número 30 de Barcelona, Josep Maria Pijuan, estima el recurso presentado por la Fiscalía y admite un error de cálculo en su estimación de la suma desviada a CDC a través del Palau de la Música, que de esa forma se eleva a 6,6 millones, como mantiene el ministerio público.
Concretamente, el juez cifra ahora en 3,7 millones -y no 2,3, como decía en el auto en el que dio por finalizada la instrucción- el dinero que CDC recibió supuestamente en efectivo del Palau de la Música a través de sus extesoreros, a lo que se sumarían las cantidades desviadas mediante facturación falsa o en los convenios firmados con su fundación afín Trias Fargas (actual Catdem).
Fuentes judiciales han señalado, en cualquier caso, que se trata de cifras estimativas cuyo valor definitivo se establecerá en el escrito de acusación de la Fiscalía y en el posterior auto de apertura de juicio oral.
El juez ha acordado también desestimar el recurso que CDC presentó contra la responsabilidad civil que se le fijó por el desvío de fondos del Palau, al tiempo que mantiene la imputación del extesorero de la formación, Daniel Osácar, al considerar que hay "fundados indicios" de que era el interlocutor de Félix Millet en el cobro de las comisiones de Ferrovial.
El juez recuerda que en la instrucción del caso se han hallado referencias a un tal "Daniel" relacionadas con reuniones y pagos en agendas y ordenadores del Palau, y cree una "conclusión basada en la lógica, no en el absurdo", que ese nombre aluda al extesorero de CDC.
Pijuan apunta en su auto que la "ambigüedad mostrada por alguna de las acusaciones particulares" respecto a la reclamación de CDC como responsable civil por el desvío de fondos del Palau "no obsta a su imputación como partícipe a título lucrativo".
De esa forma, el auto desliza una velada crítica a la acusación particular ejercida por la Fundación del Palau de la Música, que pide 81 años de cárcel para Millet y Montull sin exigir responsabilidad civil alguna a CDC ni acusar a los cargos de la formación imputados.
Asimismo, el juez rechaza la pretensión de la defensa de Millet de que se reconozca que el saqueador confeso ha colaborado en el esclarecimiento de los hechos y recuerda en su auto que su aportación a la causa se ha limitado a "reconocer una parte, muy menor, del total expoliado, y ofrecer algunos de sus bienes, que no todos (...)". "Tan incuestionable es que ha reconocido tan solo una parte del total expoliado como lo es que se limitó a ofrecer algunos de sus bienes, lo que quedó patente en el curso de posteriores investigaciones, particularmente en la entrada y registro llevada a cabo en su domicilio", donde el juez se incautó de unos 50.000 euros en efectivo y su colección de arte.
Además, el magistrado critica también que el acusado haya mantenido "un inmutable silencio sobre la mayor parte del expolio, y de modo especial en lo que hace referencia a los fondos destinados a la presunta financiación ilegal de CDC".
Pese a elogiar el "encomiable empeño en perseguir las conductas ilícitas por parte de la Federación de Asociaciones de Vecinos de Barcelona (FAVB), Pijuan desestima la petición de esta acusación popular de que se investigue la existencia de una presunta malversación de caudales públicos del Ministerio en las obras de reforma del Palau de la Música.
El juez concluye en su auto que no hay en la causa "indicios suficientes que lleven a la sospecha fundada" de que hubo una doble facturación en esas obras, ni del desvío de fondos a través de las mismas hacia la Fundación FAES, "ni directamente ni a través de su filial Institut Catalunya Futur".