Agentes de la Unidad Central Operativa -UCO- de la Guardia Civil han desarrollado desde primera hora de la mañana de este martes una nueva operación vinculada al caso de los expedientes de regulación de empleo -ERE- irregulares que investiga la juez de Sevilla Mercedes Alaya. La operación se produce justo el día en que la magistrada toma declaración a la ex ministra y ex consejera Magdalena Álvarez.
Se trata de la segunda fase de la operación Heracles, desarrollada el pasado mes de marzo y en la que se que investigó el supuesto cobro de sobrecomisiones por parte de las mediadoras que gestionaron las pólizas de prejubilación relacionadas con los ERE.
La delegada del Gobierno en Andalucía ha precisado que la operación incluye un total de nueve detenciones -tres en Sevilla, dos en Córdoba, dos en Málaga, una en Cádiz y uno en Segovia-, 45 imputaciones y nueve registros. Carmen Crespo ha indicado que las actuaciones de la Unidad Central Operativa (UCO) se han extendido por las provincias andaluzas de Cádiz, Córdoba, Jaén, Málaga y Sevilla, así como por Madrid, Segovia y Barcelona.
Destitución fulminante
Uno de los arrestados es Enrique Rodríguez, exgerente provincial del Instituto de Fomento de Andalucía -IFA- y alto funcionario de la Diputación Provincial de Sevilla.
Esta detención podría estar relacionada con la investigación acerca de las ayudas del fondo de reptiles a empresas y vecinos de la Sierra Norte de Sevilla. El Gobierno de la Diputación provincial de Sevilla lo ha destituido instantes después de conocerse la noticia. A través de un comunicado, el presidente de la Diputación de Sevilla, Fernando Rodríguez Villalobos, ha manifestado que el cese de Rodríguez Contreras es "temporal", porque "respetamos en un Estado de Derecho la presunción de inocencia de Enrique Rodríguez hasta que se produzca el fallo definitivo del caso".
Mazazo para UGT y CCOO en Andalucía
Además de Rodríguez Contreras, ha trascendido la identidad de otros tres detenidos: el exsecretario de Desarrollo Industrial de CCOO-A Roberto Carmona; el secretario general de la UGT de Cádiz, Salvador Mera, y Ángel Quesada, director de un complejo hotelero de la localidad malagueña de Torremolinos, y, además, es vicepresidente de la patronal hotelera de la Costa del Sol (AEHCOS).
En un primer momento se informó de la detención del exsecretario de Organización de Industria Textil de CCOO de Andalucía, Juan Antonio Florido, pero éste ha afirmado, en declaraciones a Europa Press, que está fuera de Sevilla y ha indicado que sabe "por sus abogados" que su domicilio ha sido registrado.
El exsecretario de Organización de Industria Textil de CCOO de Andalucía Juan Antonio Florido y el empresario José María Sayago, vinculado con la trama de ayudas a las empresas de la Sierra Norte de Sevilla, no han sido detenidos como se había apuntado en un primer momento por otras fuentes, aunque sí han asistido a varios registros.
Fuentes de la investigación han informado a Efe de que la Guardia Civil está registrando la vivienda del exconcejal del PSOE en El Pedroso (Sevilla) José Enrique Rosendo, y se apunta que podría ser otro de los detenidos.
Registros en varias ciudades
Los registros se están efectuando en sedes oficiales y viviendas particulares, entre ellas también el domicilio del citado Enrique Rodríguez; el restaurante Río Grande de Sevilla capital -que presentó un ERE con intrusos en el año 2005 que está siendo investigado por Alaya-, y la casa de José María Sayago, copropietario de la empresa Matadero de la Sierra Morena en la Sierra Norte de Sevilla, que también se investiga en la causa.
Sayago era socio de José Enrique Rosendo, hijo del ex alcalde socialista de El Pedroso, en la Sierra Norte, que fue colocado como intruso en un ERE. Ambos, entonces concejales del Ayuntamiento, se hicieron ricos de la noche a la mañana tras pasar por la sociedad de desarrollo municipal de El Pedroso, donde fueron a parar cuantiosos fondos de las ayudas del fondo de reptiles. Según la juez, nada menos que 29 millones de euros.
En la primera fase de esta operación fueron detenidas 22 personas, de las que siete ingresaron en prisión. En la de este martes, la Guardia Civil tendría previsto realizar una decena de detenciones, además de medio centenar de imputaciones. La operación sigue abierta.