Ha pasado un año y siete meses del descubrimiento por parte de Libertad Digital de los restos de un foco de explosión del 11-M. Concretamente se trataba del vagón que estalló en la estación de Santa Eugenia, y que se encontraba en el cobertizo de unas instalaciones de la empresa Tafesa, sin que hubiera sido requerido por parte del proceso judicial para su inspección y recaudación de pruebas.
Ahora, en septiembre de 2013, tan sólo un año y tres meses después de que se cerraran las diligencias de investigación de los restos abiertas a instancias de la Fiscalía General del Estado por parte de la Fiscalía de Madrid, los almacenes que albergaban los restos están desiertos y medio en ruinas. Grafitis y desechos son lo único que campa a sus anchas por las instalaciones, donde el cobertizo que aún alberga restos del vagón explosionado, aparece desprecintado y visiblemente abandonado. Cabe recordar que tras archivar la investigación, la Fiscalía dejó la custodia de los restos a disposición del Juzgado de Instrucción número 6 de Madrid, sin que haya trascendido información en contrario durante estos últimos meses.
Así sucedió
Durante la madrugada del 11 al 12 de marzo de 2004, el tren que estalló en la estación de Santa Eugenia fue trasladado a la cercana estación de Vicálvaro, en el que permaneció durante 6 meses, exactamente hasta el 11 de septiembre de 2004. Aquel día, tras aprobar Cercanías el presupuesto de 675.175,20 euros, -que para su reparación presentó la empresa Remimfer- fue trasladado a los talleres de la empresa Tafesa, filial de Remimfer, en Villaverde Bajo. Poco después, en julio de 2005 el tren, ya reparado, se incorporó al servicio.
Cabe recordar que dentro de la instrucción de la querella presentada por la Asociación de Ayuda a las Víctimas del 11-M contra el exresponsable de los Tedax Sánchez Manzano, el entonces director general de Remimfer, Carlos Simón Fernández, declaró el 20 de enero de 2012 ante la juez Coro Cillán, en relación con la reparación efectuada en el taller de Tafesa, lo siguiente:
Que pasó dos veces la Policía y la Guardia Civil mientras hacía la reparación de la unidad. Que pasaron Policía y Guardia Civil y Vigilancia de Renfe, para ver los materiales….
Que ese vagón se apartó en Vicálvaro. Se quedó allí hasta que hubo peticiones de Dirección de Trenes para ver si se podía arreglar o no. Querían que se presupuestara para su reparación, y se hicieron fotos.
Que el encargo del trabajo fue verbal.
Que las piezas que se substituían iban a un depósito.
Es decir, que según el director general de Tafesa, la Policía y la Guardia Civil pasaron dos veces mientras se hacía la reparación de la unidad. Que las piezas que sustituían iban a un depósito. Así, es fácil deducir que tanto la Policía como la Guardia Civil tenían conocimiento de la reparación del tren de Santa Eugenia y que tenían controlados los trabajos así como que inspeccionaron al menos dos veces las citadas instalaciones.
Además, también es fácil intuir que esas piezas que iban a un depósito, quedasen preservadas de su destrucción y venta como chatarra. Tanto es así que en los datos ofrecidos por Renfe de venta de chatarra procedente de los trenes no figura ni un solo gramo procedente del tren de Santa Eugenia. Era pues lógico plantearse la pregunta, ¿estarían todavía esos restos guardados en algún lugar? La respuesta llegó de la mano de Libertad Digital el 28 de febrero de 2012, cuando se publicó el hallazgo de los restos del tren de Santa Eugenia en las instalaciones de Tafesa. El mismo día de la publicación de la noticia, el personal de Tafesa, precedió a acondicionar y asegurar con celeridad el cerramiento de chapas del cobertizo.
La información de LD provocó un gran revuelo en los medios de comunicación. Tanto es así que el fiscal general del Estado, Eduardo Torres Dulce, anunciaba el 2 de marzo que había dado la orden a la Fiscalía de Madrid para que iniciara una investigación, de cara a determinar tanto el valor probatorio de los restos, como la posible existencia de un delito de ocultación de pruebas. Finalmente, el día 7 de marzo, la Guardia Civil procedía a precintar el cobertizo en el que se guardaban los restos, junto al cual se dispuso una vigilancia permanente. En la siguiente foto vemos el cobertizo precintado y un vigilante:
Poco después, el 6 de junio de 2012, la Fiscalía de Madrid informaba haber decretado el archivo de las diligencias abiertas sobre este asunto.
El día siguiente, el 7 de junio, en la inauguración del XIII Congreso Nacional de Procuradores, el fiscal general del Estado, Eduardo Torres Dulce, según información de la agencia EFE difundida por diversos medios, afirmó:
La Fiscalía ha archivado las diligencias de investigación abiertas el pasado 1 de marzo sobre los restos de uno de los trenes afectados por los atentados del 11-M localizados en el almacén de una empresa de reparaciones ferroviarias al estimar que la cadena de custodia de los mismos "está perfectamente detallada".
Eduardo Torres-Dulce, ha señalado que la Fiscalía de Madrid ha concluido que "está perfectamente detallada la cadena de custodia y que por tanto no ha habido ninguna ocultación de ese posible material probatorio" a las autoridades.
La Fiscalía, además, ha comunicado la localización de esos restos -paneles del vagón de un tren- al Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional, que instruyó la investigación por los atentados, "simplemente para que tenga noticia el juez de su existencia y de que están debidamente custodiados y precintados para que libremente disponga de ellos".
Es decir, tras tres meses de exhaustivos estudios de lo ocurrido, se decidía archivar el asunto por entender que no existe indicio alguno de delito, y se entregaban los restos, debidamente custodiados y precintados, al Juzgado nº 6 de la Audiencia Nacional.
La Fiscalía de Madrid, en su nota de prensa, daba una brevísima explicación de los motivos de ese archivo. Los argumentos eran simplemente éstos:
No se ha apreciado ninguna actuación de ocultación o manipulación de los referidos restos que pudiera hacer pensar en una desaparición de objetos de pruebas, al contrario Todo ello se llevó a cabo con pleno conocimiento de los órganos judiciales de la instrucción de la causa y del enjuiciamiento, que fueron informados en su momento.
El Fiscal General, por su parte, aportaba algo más, al afirmar que "está perfectamente detallada la cadena de custodia y por lo tanto no ha habido ninguna ocultación de ese posible material probatorio. Se respetó la cadena de custodia". Es decir, que, según la Fiscalía, no sólo se informó en su momento a los órganos judiciales, sino que incluso está perfectamente detallada la cadena de custodia. Dado el devenir de los acontecimientos parece bastante claro que no conoceremos nunca de qué se compuso dicha cadena, quiénes participaron en la custodia y aún menos los exámenes de los restos, las pruebas y los ensayos que, ¿se realizaron?
Finalmente, el cobertizo fue puesto por la Fiscalía a disposición del Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional, "para que tenga noticia el juez de su existencia y de que están debidamente custodiados y precintados para que libremente disponga de ellos".
Lo grave es que, hasta la fecha, no conocemos disposición alguna tomada por el citado juzgado, pero lo que sí sabemos es que ni la custodia implantada cuya suspensión no ha trascendido, ni el precintado cuya autorización u orden de levante tampoco se conoce, han impedido la progresiva degradación del local, ni la apertura de entradas furtivas en él con retiradas de precintos.
En la galería fotográfica que acompaña esta información puede apreciarse el estado en el que se encuentra no solo el cobertizo, sino el total de las instalaciones de Tafesa. Un aspecto muy diferente al que presentaban hace un año, cuando se ordenó el precinto y cuyo aspecto pasado puede verse en esta otra galería fotográfica.
