El dueño del bar Faisán, Joseba Elosúa, ha declarado este martes en la Audiencia Nacional que cuando el 4 de mayo de 2006 un hombre entró en su establecimiento de Irún (Guipúzcoa) para avisarle de que se iba a detener al etarra José Antonio Cau Aldanur en la frontera con Francia en las próximas horas le pareció "una tomadura de pelo"
El dueño del bar Faisán, Joseba Elosúa, ha declarado este martes en la Audiencia Nacional que cuando el 4 de mayo de 2006 un hombre entró en su establecimiento de Irún (Guipúzcoa) para avisarle de que se iba a detener al etarra José Antonio Cau Aldanur en la frontera con Francia en las próximas horas le pareció "una tomadura de pelo" que lo dejó "grogui".
El presunto cobrador de ETA ha explicado ante la Sala que el hombre que le dio un teléfono móvil –al que ha calificado como "cachondo" o "inconsciente"- no le dijo que era policía aunque él pensó que sí que lo era tras haber recibido la llamada del soplo. Elosúa, de 79 años de edad y con aspecto desmejorado, ha manifestado en el juicio sus sorpresa por el chiavatazo y ha explicado que en un primer momento pensó que aquel hombre que entraba en el Faisán era un "comercial".
El testigo ha descrito a aquel persona como un varón de unos 45 o 50 años de edad, pelo negro –"posiblemente con peluca"-, bajito y con acento extremeño. De la investigación policial se desprende que fue el inspector Jose María Ballesteros quien aquel 4 de mayo de 2006 se vio presuntamente cara a cara con Joseba Elosúa en el establecimiento.
El anciano no ha sabido especificar cuánto tiempo duró la llamada de teléfono que le pasó aquel hombre, al que según él no vio ni entrar ni salir del establecimiento. Ante las insistentes preguntas del fiscal Carlos Bautista y del presidente del tribunal, Alfonso Guevara, Elosúa respondía que esa llamada pudo durar "cuatro, cinco, ocho, diez o doce" minutos.
También ha declarado en la vista, su yerno Carmelo Luquin, encargado de acompañar al dueño del Faisán a Francia para reunirse con el etarra Cau Aldanur. Su testimonio ha sido el más esclarecedor ya que ha reconocido que su suegro le comentó que en aquella llamada se le alertó de que no se debía "fastidiar el proceso" en referencia a la negociación que el Ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero mantenía en aquel momento con la banda terrorista.
Luquin también ha manifestado que su suegro - "muy ofuscado"- le contó que fue advertido de que su teléfono había sido pinchado y de que no tenía que hablar con nadie de lo que había ocurrido. Menos contundentes fueron los testimonios de la esposa de Elosúa, Avelina Llanos, y de su hijo, Joseba Elosúa Llanos, quienes después de haber transcurrido siete años apenas recordaban este martes nada.
Por su parte, la segunda sesión del juicio por el chivatazo a ETA se retomaba con la intervención del comisario de policía Carlos Germán quien defendió que los cortes de la cinta donde se grabó el soplo el 4 de mayo de 2006 "son irrelevantes para la investigación".
"Le puedo garantizar que entre las 11.20 y las 11.50, que son las horas de interés para la investigación de este asunto, no hay cortes. El resto estamos acostumbrados a verlos en las cintas que aportamos en la causa principal", señaló Germán haciendo referencia a la hora en la que presuntamente se produjo el soplo.
Los dos cortes tenían tres minutos y 16 segundos, respectivamente. Teniendo en cuenta el desfase horario de tres minutos que tenía el reloj de la cámara de videovigilancia, el primero se produjo entre las 10.52 y 10.55 horas y el segundo entre las 11.11.12 horas hasta las 11.11.28.
De esta forma, el investigador desechó que la cinta fuera manipulada ya que desde mayo de 2006 la cinta permaneció bajo su custodia y en febrero de 2007 fue remitida a la sede judicial. "La cinta no la visionó nadie que no fuera del equipo de investigación", ha apuntado antes de manifestar que, aunque hicieron una copia, la cinta remitida al juez fue la "original".
Este martes también han declarado ante el tribunal que preside el magistrado Alfonso Guevara otros cuatro miembros del equipo investigador de Carlos Germán que han reforzado la tesis del comisario: el chivatazo tuvo un "móvil político" y sus presuntos autores son los agentes Enrique Pamiés y José María Ballesteros.
Una filtración policial
Todos agentes especializados en la lucha antiterrorista que han testificado en las dependencias de la sede judicial en San Fernando de Henares se han ratificado en los informes aportados al Juzgado de Instrucción Número 5 de la Audiencia Nacional. Los policías han coincidido a la hora de explicar que cuando escucharon la conversación que el dueño del bar Faisán, Joseba Elosúa, mantuvo con su yerno rumbo a Francia supieron "rápidamente" que se había producido "una filtración muy importante".
Asimismo, los agentes de la lucha antiterrorista insisten en afirmar que el soplo tuvo que ser "policial" ya que se dio información que sólo manejaban altos mandos de la lucha antiterrorista de nuestro país preparador para golpear el sistema financiero de ETA.
Desde este lunes, la Sección Tercera de la Audiencia juzga por los delitos de revelación de secretos y colaboración con banda armada al exjefe superior de Policía en el País Vasco Enrique Pamies y al inspector José María Ballesteros como presuntos autores del chivatazo al aparato de extorsión de ETA.
Pamiés y Ballesteros se enfrentan a hasta diez y nueve años de cárcel, respectivamente. La Fiscalía solicita para ellos dos y un año y medio de cárcel por revelación de secretos aunque el fiscal general del Estado, Eduardo Torres-Dulce, obligó a sus subordinados a incluir como alternativa una petición de cinco años por colaboración con organización terrorista.