La Unión de Profesionales y Trabajadores Autónomos (UPTA) de Andalucía, vinculada a UGT, cobró 180.000 euros para costear "un programa de sensibilización y prevención de accidentes en el colectivo de trabajadores autónomos", según reza en la resolución del 28 de junio de 2003 firmada por el director general de Trabajo de la Junta, Francisco Javier Guerrero, y el director del Instituto de Fomento de Andalucía, Francisco Mencía.
Según informa ABC, la Junta concedió la "ayuda excepcional" a la federación del sindicato orientada a los trabajadores autónomos "sin procedimiento alguno". Apenas tres meses después de conceder la ayuda a la UPTA-A, que la solicitó en febrero de 2003 -en vísperas de las elecciones municipales-, la Junta, a través del IFA, hizo una transferencia a su favor por el importe comprometido.
Como en el resto de las ayudas directas, que suman 73 millones de euros de los 721 con los que estuvo dotado el fondo de los ERE, la Junta ha iniciado los trámites para pedir su devolución, pero el Consejo Consultivo frenó la nulidad de esta ayuda en febrero de 2013 por defectos en la notificación. A día de hoy, la Junta no ha podido recuperar el dinero.
El PSOE de Sevilla y una empresa 'fantasma'
Mientras, pese a la lluvia de críticas por parte del PSOE e, incluso, pese a la petición de recurso por parte de la Fiscalía Anticorrupción del auto que plantea la imputación de los expresidentes andaluces Griñán y Chaves, Mercedes Alaya prosigue en su lucha contra la corrupción.
La magistrada que instruye el caso de los ERE fraudulentos también investiga una serie de reformas que el PSOE realizó en la agrupación local de Macarena que pudieron ser pagadas por la empresa Fitonovo. El pago de estas obras habría quedado al descubierto tras el registro por parte de la Guardia Civil de la oficina de la sociedad Fitonovo en el marco de la operación Madeja, una nueva investigación abierta por el Juzgado de Instrucción número de Sevilla a raíz del caso Mercasevilla. Fuentes consultadas por El Mundo precisaron que estas facturas estaban a nombre de una tercera empresa que ejecutó las supuestas reformas en la agrupación socialista.