Crece el rosario de jaculatorias descalificatorias dirigidas a la juez Alaya y contra el presidente del PP de Andalucía, Juan Ignacio Zoido, a los que los socialistas quieren vincular -como ya hizo Alfonso Guerra hace dos años-. El gobierno de Susana Díaz, heredera de Griñán, calla y no valora ni comenta, ni sabe ni contesta. IU, socio del PSOE en la Junta, tampoco. El PP pide la dimisión del expresidente Griñán y del consejero Emilio de Llera por sus ataques a la juez. Es la situación tras el bombazo de un auto que pone en cuestión la forma de gobernar del PSOE en Andalucía que cuenta ya con casi 30 altos cargos imputados en el caso de los ERE.
Si Soraya Rodríguez afirmó que Juan Ignacio Zoido era un mal político, "un mal juez y una mala persona", el miércoles, su correligionario y diputado por Sevilla Antonio Pradas se preguntaba en un tuit si Zoido habría redactado el auto de la juez.
Mario Jiménez, secretario de Organización del PSOE andaluz y número 2 de Susana Díaz hablaba de "imputación fantasma" que deja a los acusados en una situación de absoluta indefensión y escarnio público. Tras él, otros diputados y altos cargos socialistas acusaron a la juez de emitir un auto esperpéntico y de interferir en la vida política. Otros la descalificaron como demócrata, la tacharon de superficial y de no respetar las pruebas y, finalmente, el diputado por Almería, José Luis Sánchez Teruel, pidió a la sociedad que se rebelara "ante la injusticia" de la juez Alaya.
El presidente de la Diputación de Sevilla dijo que el auto era "farragoso y raro". El secretario de Política Municipal del PSOE-A, Francisco Conejo, insinuó que Alaya tenía mala fe en la fecha en que elegía para sus autos y añadió que Mercedes Alaya no eleva la causa a instancias superiores "porque no tiene nada que imputarles" a los acusados.
Otros altos cargos andaluces han insistido en que Alaya ha actuado de forma injustificada, que es un infundio político que condena a pena de telediario. Canal Sur reunía a expertos contrarios al auto y resaltaron que la Fiscalía Anticorrupción estudia la legalidad del auto. Curiosamente, Alfredo Pérez Rubalcaba, de acuerdo con Susana Díaz, pese a que en el auto consta claramente que la juez se dirige a todos los imputados "en calidad de imputados" afirmó que el auto de la juez Mercedes Alaya no implica ninguna imputación.
El calentón verbal de Chaves
El miércoles, el turno pareció haberle llegado a Manuel Chaves, expresidente de la Junta que quien fue el que consintió todo el mecanismo que llevó al caso de los ERE. Chaves dijo no necesitar defensa por no estar imputado, a pesar de lo que dice el auto. Llamó "innecesario" al auto que utiliza "la palabra imputado" y le sitúa como persona indefensa en el procedimiento.
"Yo estoy aforado, el tribunal de un aforado es el Tribunal Supremo y si hay un solo indicio la jueza lo tiene que remitir al Tribunal Supremo", reclamó el actual diputado por Cádiz obviando la doctrina del propio Supremo y de la Audiencia que recomienda a los jueces de instrucción que apuren y depuren su instrucción antes de remitir los casos al Supremo en el caso particular de aforados.
Pero, a pesar de todo, no se va a querellar contra la juez ni tampoco va a declarar ante ella voluntariamente con abogado para evitar la indefensión que denuncia. Eso sí, insistió en que el procedimiento de los ERE fue legal aunque se lamentó que "algunos abusaron de la confianza" y malversaron "una mínima parte de los fondos".
Algunos precedentes
En la historia democrática hay cuatro jueces que han sido víctimas de operaciones de este calado. El primero fue Marino Barbero, por el caso Filesa. El segundo, Ángel Márquez, por el caso Guerra. El tercero, Javier Gómez de Liaño, por el caso Prisa y el último, Mercedes Alaya por el caso de los ERE.