La portavoz de la Dirección General de Tráfico (DGT), Nuria de Andrés, lo dice con claridad: "No colocamos los radares de manera arbitraria, sino que son los expertos, tanto de las comunidades autónomas como de la Guardia Civil, los que se encargan de ello".
Así, desde la DGT se muestran en desacuerdo con la afirmación de las asociaciones de automovilistas que aseguran que los radares de tráfico tienen un objetivo desleal con la ciudadanía y no le dan ninguna relevancia a que la mayoría estén en tramos cuesta abajo.
Tampoco que el 50% de los radares estén colocados en autopistas, mientras que éstas acaparan únicamente el 30% de los accidentes, no es motivo, según la portavoz, para pensar que tienen un fin recaudatorio.
Nuria de Andrés alega que en el momento que emergió la política de los radares, allá por el 2005, no existían los medios suficientes para poder llevarlos a puntos recónditos de la geografía española, ubicándose en las autopistas la mayoría de ellos en un primer momento. Progresivamente los porcentajes iniciales de 20% en carreteras secundarias, 80% en autopistas han ido regulándose.
Nuria de Andrés señala que si realmente la DGT tuviera una intención deliberada por hacer caja, no avisaría con carteles la presencia de radares. Sin embargo, según los análisis de la mayoría de expertos, el artículo del 22 del Reglamento de desarrollo y ejecución de la Ley Orgánica 4/1997, de 4 de agosto, por la que se regula la utilización de videocámaras por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en lugares públicos, se aplicaría también a los radáres de tráfico, por lo que sí habría una obligación legal de señalizarlos.
Por último, la portavoz no ha querido dejar pasar la ocasión para transmitir que la prevención de accidentes es un trabajo de todos, sólo trabajando de forma conjunta entre la ciudadanía, las administraciones públicas y los medios de comunicación se podrá realmente hacer frente a las muertes en carretera.