En un escrito registrado este viernes, al que ha tenido acceso Europa Press, la asociación reclama que el partido de Mariano Rajoy aporte los discos duros originales supuestamente destruidos o su copia de seguridad y, en caso de que ya no existan, interrogue a los técnicos que procedieron a borrarlos por si pudieran haber cometido un delito.
"¿Puede cualquier persona, por mucho que pertenezca a un partido político determinado destruir evidencias relevantes para un proceso penal y que esa conducta resulte impune?", se pregunta esta parte después de recordar que la Ley de Protección de Datos "impide expresamente borrar cualquier información empresarial que pueda ser necesaria a efectos legales".
Investigación en curso
Tras recordar que esta información debe estar disponible "a efectos administrativos ante la posible reclamación del Tribunal de Cuentas o a efectos fiscales, durante al menos cinco años, ante la posible reclamación de la Hacienda Pública", el Observatori DESC señala que la obligación legal de custodia "resulta más exigible cuando, como es el caso, existe una investigación en curso".
En el mismo sentido, el escrito señala que "difícilmente" se podrá llevar a cabo el informe pericial para cotejar los discos duros de los ordenadores que Bárcenas tenía en la sede del PP con la documentación sobre la posible contabilidad B que entregó al juez Ruz el pasado 15 de julio si se extrajeron o destruyeron con anterioridad.
El PP asegura que destruyó en abril de 2013 el contenido de los discos duros de los dos ordenadores que Bárcenas utilizó en la sede de Génova para asignárselos a otro trabajador, una vez que se archivó la denuncia por robo que el exsenador presentó contra la formación ante el Juzgado de Instrucción número 21 de Madrid.