El Gobierno español quiere endurecer las sanciones a los barcos que hagan de gasolineras flotantes en la Zona de Especial Protección (ZEC) en las aguas de la bahía de Algeciras próximas a Gibraltar, donde numerosos buques realizan esta práctica, conocida como bunkering.
Tras reunirse con el sector pesquero en Barbate (Cádiz), el ministro de Agricultura y Pesca, Miguel Arias Cañete, ha explicado en rueda de prensa que al Gobierno "no le temblará el pulso" en sus decisiones sobre Gibraltar.
En esa zona de protección, aprobada por el Gobierno en noviembre pasado, ha agregado Arias Cañete, está prohibido el suministro de combustible a otros buques, y por ello, de acuerdo con la normativa comunitaria, se quiere cambiar la legislación española de sanciones ambientales para "endurecerlas" y actuar con "mucho más rigor" contra las empresas que tengan buques como gasolineras flotantes.
El ministro ha subrayado que el Gobierno seguirá tomando medidas legales "proporcionadas" después de que Gibraltar arrojara en la había de Algeciras bloques de hormigón con cilindros que rompen las redes de los pesqueros, algo que ha calificado como "aberrante" y un "delito ambiental", por lo que España ha presentado una denuncia ante la Fiscalía y la UE.
Para compensar los perjuicios a los pesqueros de la zona, el ministro ha anunciado que van a dar ayudas con carácter retroactivo desde el 1 de agosto a unos veinte barcos de la comarca, y ha agregado que aún están calculando las cantidades, que serán de unos 500 euros al mes a los armadores y de 189 a los pescadores.
Arias Cañete ha insistido en que el derecho internacional está del lado de España en las medidas con Gibraltar, y ha precisado que el Tratado de Utrecht no recoge que Gibraltar tenga aguas propias. Además, ha dicho que van a seguir los controles en la frontera destinados a paliar el contrabando de tabaco de la colonia, que ha definido como un "anacronismo".
"El Gobierno no va a ceder y defenderá la legalidad", ha resumido el ministro antes de asegurar que el Ejecutivo está "tranquilo" a pesar de los avisos de Londres de posibles sanciones. También ha justificado una tasa en la frontera de Gibraltar para pagar al personal que se requiere por el aumento de los controles que eviten el contrabando.