El Juzgado de Instrucción número seis de Sevilla, dirigido por Mercedes Alaya, ha emitido un nuevo auto de fecha 31 de julio en el que imputa a otras 23 personas en las diligencias correspondientes a la presunta administración fraudulenta de la partida presupuestaria 31L de los fondos autonómicos, según ha avanzado este martes el rotativo 'Diario de Sevilla'. Esta nueva tanda de imputaciones incluiría a dos hijos del conocido empresario José María Ruiz-Mateos, una familia cuya supuesta relación con la trama había sido ya señalada en el auto de ingreso en prisión del exsindicalista jiennense Juan Lanzas, una figura clave en los hechos investigados. Las recientes imputaciones elevan a 116 el número total de imputados, en los que destacan figuras como la exministra de Fomento y consejera de Hacienda entre 2004 2009, Magdalena Álvarez.
La juez Mercedes Alaya investiga, como es sabido, la presunta administración fraudulenta de la partida presupuestaria 31L de los fondos autonómicos, gracias a la cual habrían sido financiados numerosos expedientes de regulación de empleo (ERE) carentes de justificación o sin el preceptivo trámite administrativo, así como ayudas directas a empresas o ayuntamientos. Las ayudas de este fondo, ajenas a toda fiscalización y ni siquiera publicadas, habrían servido además para financiar la prejubilación ilegal de decenas de personas que figuraban en estos expedientes de regulación de empleo sin pertenecer a las empresas que promovía estas reestructuraciones laborales.
Prejubilaciones ilegales
Merced a estos fondos, de cualquier modo, habría sido financiada la presunta prejubilación fraudulenta de unas 72 personas y la prejubilación irregular de otras 111 personas en decenas de expedientes de regulación de empleo, además de numerosas ayudas directas a empresas relacionadas con dirigentes públicos o miembros del PSOE.
Uno de los aspectos que incluye la investigación, en ese sentido, versa sobre las comisiones que habrían cosechado las empresas intermediarias del sector de los seguros gracias a la contratación de las pólizas de seguro de rentas que acompañaban a los citados expedientes de regulación de empleo. Para la juez, "la clave" del aprovechamiento ilícito "son las sobrecomisiones, en algunos casos millonarias, fijadas por las consultoras, de las que se surte cada interviniente". Las sobrecomisiones, según la juez, constituían "el verdadero alimento de esta trama corrupta" y del que "se nutren no sólo las mediadoras, sino presuntamente y a espaldas de éstas, sus principales responsables".
Juan Lanzas y los Ruiz-Mateos
Cabe recordar al respecto que ya en el auto emitido el pasado 22 de marzo para ordenar el ingreso en prisión de Juan Lanzas, una figura clave en la trama a cuenta de su presunto papel como mediador en la preparación de los expedientes de regulación de empleo, algunos de los cuales ni siquiera habían sido ideados por las propias empresas, la juez Alaya analiza especialmente el ERE acordado en Comercial Alimentaria 'Dhul', en el que Lanzas había amarrado, según la juez, la financiación autonómica de la reestructuración laboral. El procedimiento fue elaborado con la intervención de Personal Life y Vitalia, con una "comisión del 19 por ciento" y la inclusión en este ERE de tres 'intrusos'; la esposa de un sindicalista de CCOO y dos "cuñados" del propio Lanzas. La juez, en este punto, señala las "relaciones" entre Lanzas y la familia Ruiz Mateos", porque el inculpado habría sido para esta conocida familia, siempre supuestamente, un "conseguidor de financiación pública y negocios de interés".
Así, explicaba la juez en este auto que Lanzas cosechó presuntamente financiación pública para cinco ERE de empresas dirigidas por esta familia, "cobrando supuestamente" tres millones de euros, a razón de 600.000 euros por ERE. Alaya incluso menciona que la esposa de Lanzas recogía este dinero "en la casa de los señores Ruiz-Mateos".