El Gobierno catalán ha acordado pedir la recusación del presidente del Tribunal Constitucional , Francisco Pérez de los Cobos, en 24 procedimientos de recursos de inconstitucionalidad y de conflicto de competencias en los que es parte la Generalidad.
"No es una recusación genérica, sino para 24 conflictos que están en curso" y de los que forma parte la Generalidad, el Gobierno o diputados del PP, ha afirmado hoy el portavoz del Gobierno Catalán y consejero de Presidencia, Francesc Homs, en la rueda de prensa posterior al Consejo Ejecutivo, que ha recibido un informe favorable en este sentido por parte de los servicios jurídicos de la Generalidad.
Homs ha afirmado que el ejecutivo catalán usa "la propia medicina" y los mismos "argumentos" del PP cuando este partido pidió la recusación del magistrado del TC Pablo Pérez Tremps, con motivo del litigio del Estatuto, después de conocerse que este jurista había asesorado a la Generalidad en la redacción del texto estatutario.
"Pérdida de imparcialidad"
La decisión adoptada este martes por el Consejo Ejecutivo en su reunión semanal ordinaria llega después de que el gabinete jurídico de la Generalidad, al que se le pidió un informe la semana pasada, haya concluido que la militancia de Pérez de los Cobos en el Partido Popular "permite apreciar una causa objetiva de pérdida de imparcialidad" en las causas que afectan a la Generalidad.
Entre los litigios afectados no se encuentra la declaración de soberanía, ya que le compete al Parlamento Catalán pedir la recusación en este caso y que Homs confía que acabará haciendo la cámara catalana, que la semana pasada ya pidió un informe a sus servicios jurídicos.
Concretamente, el Gobierno de Artur Mas pide la recusación en los recursos de inconstitucionalidad de 24 litigios en marcha, entre los que se encuentran tanto recursos planteados por el Gobierno central en contra de decretos de la Generalidad, como los de horarios comerciales, de impuestos de depósitos bancarios o sobre establecimientos turísticos.
También se incluyen recursos planteados por diputados o senadores del PP contra preceptos de la ley catalana de Educación, la del Cine o el Código de Consumo de Cataluña. La petición de recusación también se amplía a recursos planteados por la Generalidad contra preceptos de leyes estatales, como los Presupuestos del 2012 o las medidas de racionalización en ámbito sanitario y educativo, así como los conflictos de competencias planteados por el Gobierno catalán ante decretos estatales.