La Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Palma ha decidido, a petición de la Fiscalía, el ingreso en prisión provisional sin fianza para la expresidenta del Parlamento balear y del Consell de Mallorca, María Antonia Munar, al considerar que hay riesgo de fuga y la posibilidad que eluda hacer frente a las reponsabilidades civiles que pesan sobre ella en el marco del caso Can Domenge, por el que este martes fue condenada a seis años de prisión.
Además, esta condena se suma a los cinco y medio que le fueron impuestos en el conocido caso Maquillaje, mientras que también está imputada en otras tantas causas de supuesta corrupción.
En el auto, el juez que el "desalentador y negativo" horizonte procesal lleva a concluir que el riesgo de fuga por parte de la acusada "existe y es elevado", justificando de este modo el agravamiento de las medidas cautelares contra la exdirigente de UM.
En su resolución, la Sala, presidida por el magistrado Jesús Gómez-Reino, recalca que además de las dos condenas que pesan sobre Munar y que suman un total de 11 años y medio de cárcel, la exalto cargo está sumida en cerca de una decena de procesos judiciales, de las que se derivaría que se habría beneficiado ilícitamente, desviado fondos públicos y cobrado comisiones, dinero que "probablemente estaría oculto en el extranjero y podría utilizarlo para intentar fugarse".
Es por ello que el tribunal afirma en su auto, de ocho páginas, que la pena de seis años de cárcel recientemente impuesta en el marco del caso Can Domenge "no puede constituirse en el único argumento" para considerar la posibilidad de que eludiese la acción de la justicia, sino que también se enfrenta a otros cinco años y medio a los que fue condenada en el llamado caso Maquillaje, a lo que se suma un panorama procesal que "se presenta desolador".
De acuerdo con la Fiscalía
Precisamente, en una vistilla celebrada esta mañana, los fiscales Anticorrupción Juan Carrau y Pedro Horrach habían solicitado el ingreso en la cárcel para Munar. En su intervención en la vistilla, los fiscales han apuntado al riesgo de que la acusada pueda sustraerse de la justicia ante la posibilidad de que cuente con fondos en el extranjero que le permitan huir, teniendo en cuenta las elevadas penas que pesan sobre ella y los numerosos casos en los que está siendo investigada. No obstante, en su turno de palabra, Munar ha negado disponer de este dinero y ha alegado que tiene todo embargado, por lo que ha asegurado no tener intención de fugarse. Asimismo, ha alegado motivos de salud ante el tribunal.
En concreto, la acusación pública, además de referirse a las condenas de los casos Can Domenge y Maquillaje, ha alegado que Munar podría enfrentarse a una futura condena de entre dos y seis años de prisión por el delito de cohecho que está siendo investigado por el Juzgado de Instrucción número 8 de Palma, que indaga el presunto soborno de cuatro millones de euros que habría sido abonado por la promotora Sacresa a exaltos cargos del Consell, entre ellos su expresidenta, a cambio de serle adjudicados los solares de Can Domenge.
Asimismo, también han aludido en su intervención a la causa centrada en la contratación supuestamente irregular, por parte del Consorcio de Informática Local de Mallorca (CILMA), dependiente del Consell, de empleados 'fantasma' que en realidad habrían efectuado labores en favor de UM. Un procedimiento cuya instrucción está finalizada, en el que Munar está también imputada y que está pendiente de que la Fiscalía presente su escrito de acusación como paso previo a la apertura de juicio oral.
Seis años de cárcel
Este martes Munar conoció la sentencia por la que la Sección Segunda le ha condenado a tres años de cárcel por un delito de fraude a la Administración y a otros tres por revelación de secretos a raíz de la venta presuntamente irregular de los solares de Can Domenge a Sacresa, por treinta millones de euros, cantidad inferior a su precio real. La pena se suma a la de cinco años y medio que le fue impuesta por el desvío de 240.000 euros a la productora que controlaba mediante testaferros, junto al ex vicepresidente insular Miquel Nadal, mientras ambos ostentaban cargos en la Institución supramunicipal.
La condena es la misma que solicitaba la Fiscalía Anticorrupción, al igual que ha sucedido con el Nadal, quien también ha sido condenado en esta causa, si bien en su caso a cuatro años de prisión (dos por fraude a la administración y otros dos por revelación de secretos).
Junto a ellos, el exconsejero de Territorio Bartomeu Vicens ha sido condenado, tal como solicitaba la Fiscalía, a ocho meses de prisión; el máximo accionista de la empresa adjudicataria de los terrenos, Román Sanahúja, a un año de cárcel; el exconsejero de Hacienda Miquel Ángel Flaquer a un año y al letrado externo de Sacresa, Santiago Fiol, a un año y medio de privación de libertad.