Al principio, parecía que la Junta que preside José Antonio Griñán con el apoyo del vicepresidente Diego Valderas, de IU, ni siquiera iba a recurrir el auto de la Juez Alaya que imputaba a veinte altos cargos, incluida Magdalena Álvarez, exconsejera de la Junta. Pero en realidad estaba preparando un extenso recurso de 120 páginas que, según añade El País, va acompañado de otras tantas de documentación y jurisprudencia. Según ABC, Griñán y su gobierno buscan la nulidad del procedimiento de los ERE por incongruencia procesal y política.
Respecto al último auto de la juez, el que imputa a Maleni y 19 "señores del Sur" más, la Junta creen que el auto de Mercedes Alaya está falto de motivación y que, al estar tan avanzado el proceso, debiera explicar más extensamente los hechos que atribuye e los imputados y los presuntos delitos. Se apoya en la doctrina del Tribunal Constitucional y recuerda que si los recursos de los propios imputados prosperaran, de la ulterior nulidad saldría perjudicada la propia Junta como acusación particular.
Otro argumento contra el auto es la infracción del principio de legalidad porque al estar incluida la partida 31L en las partidas presupuestarias durante una década (2001-2010), su cuestionamiento implica el de la ley de Presupuestos.
Según ABC la Junta muestra las dos caras de quien quiere ser juez y parte. Por una parte, está en la causa como acusación particular, pero por otra recurre los autos de Alaya desde la posición de la defensa de los nuevos imputados. Por ese motivo, fue expulsado de la acusación particular el PP en el caso Bárcenas. Veremos si aquí ocurre lo mismo.
La Junta anunciaba un recurso de apelación, esto es, ante la Audiencia por lo que será la Sección VII la que resuelva, una sección que no disgusta nada a la Junta de Andalucía a tenor de sus decisiones anteriores.
Con ello, la Junta destapa con claridad su intención y su actitud respecto a la juez Alaya, a la que ha torpedeado oscura y sistemáticamente negando documentación, dilatando su instrucción y lanzando diferentes críticas vía PSOE, vía consejero de Justicia o vía Consejo General del Poder Judicial, cuyo presidente se reunió con el consejero de Justicia de la Junta antes de amonestar públicamente a la juez Alaya.
Según la nota oficial de la Junta, solicita "la subsanación de la defectuosa construcción del auto" por una "anómala actuación del juez instructor" que, a su juicio, podría provocar una futura nulidad. En su defensa indirecta de los altos cargos imputados, el Gobierno de Griñán les señala a sus defensas el camino de una "posible y futura petición de nulidad de la instrucción practicada" porque les "puede interesar no recurrir el auto para reservarse las alegaciones de nulidad para la fase del juicio oral".
La Junta se refiere asimismo a la nulidad como consecuencia de la falta de respeto de la juez Alaya por los derechos fundamentales de los imputados, que impediría, según la Junta, que se compensara al erario público andaluz de los daños causados si prosperasen las defensas en ese camino.
La Junta insiste en que la imputación de los últimos altos cargos andaluces se funda en hechos inconcretos que no tienen como soporte infracción legal alguna y consideran que la juez realiza una interpretación personal de las normas andaluzas, que la llevan a concluir que las referidas al fondo de reptiles son irregulares.
Según la Junta, este nuevo auto pone en entredicho la Ley de Presupuestos y un juzgado de instrucción "carece de facultad sobre este asunto", ya que ello correspondería al Tribunal Constitucional.
Otro argumento contra el auto es la infracción del principio de legalidad porque al estar incluida la partida 31L en las partidas presupuestarias durante una década (2001-2010), su cuestionamiento implica el de la ley de Presupuestos.
Según ABC la Junta muestra las dos caras de quien quiere ser juez y parte. Por una parte, está en la causa como acusación particular, pero por otra recurre los autos de Alaya desde la posición de la defensa de los nuevos imputados. Por ese motivo, fue expulsado de la acusación particular el PP en el caso Bárcenas. Veremos si aquí ocurre lo mismo.
La Junta anunciaba un recurso de apelación, esto es, ante la Audiencia por lo que será la Sección VII la que resuelva, una sección que no disgusta nada a la Junta de Andalucía a tenor de sus decisiones anteriores.
Con ello, la Junta destapa con claridad su intención y su actitud respecto a la juez Alaya, a la que ha torpedeado oscura y sistemáticamente negando documentación, dilatando su instrucción y lanzando diferentes críticas vía PSOE, vía consejero de Justicia o vía Consejo General del Poder Judicial, cuyo presidente se reunió con el consejero de Justicia de la Junta antes de amonestar públicamente a la juez Alaya.
Según la nota oficial de la Junta, solicita "la subsanación de la defectuosa construcción del auto" por una "anómala actuación del juez instructor" que, a su juicio, podría provocar una futura nulidad. En su defensa indirecta de los altos cargos imputados, el Gobierno de Griñán les señala a sus defensas el camino de una "posible y futura petición de nulidad de la instrucción practicada" porque les "puede interesar no recurrir el auto para reservarse las alegaciones de nulidad para la fase del juicio oral".
La Junta se refiere asimismo a la nulidad como consecuencia de la falta de respeto de la juez Alaya por los derechos fundamentales de los imputados, que impediría, según la Junta, que se compensara al erario público andaluz de los daños causados si prosperasen las defensas en ese camino.
La Junta insiste en que la imputación de los últimos altos cargos andaluces se funda en hechos inconcretos que no tienen como soporte infracción legal alguna y consideran que la juez realiza una interpretación personal de las normas andaluzas, que la llevan a concluir que las referidas al fondo de reptiles son irregulares.
Según la Junta, este nuevo auto pone en entredicho la Ley de Presupuestos y un juzgado de instrucción "carece de facultad sobre este asunto", ya que ello correspondería al Tribunal Constitucional.
La farsa de Griñán, al descubierto
Cuando alguien ejerce la acusación particular contra los imputados del caso ERE y, al mismo tiempo, da argumentos a los mismos, se está en presencia de una gran farsa, que es como llama al comportamiento de Griñán el Partido Popular. El recurso de la Junta, realizado con dinero público y los servicios jurídicos de la Junta, traza la vía por donde deben caminar las defensas de los imputados. La Junta, así, facilita a los imputados la defensa y, de paso, se dilata aún más de lo que critican la instrucción de la juez, paralizando las nuevas declaraciones.
La vicesecretaria de Economía y Empleo del Partido Popular andaluz, Carolina España, exigió al gobierno andaluz "que acabe con la farsa y abandone la acusación en el caso ERE", ya que "por higiene democrática, quien es acusación no puede pagar la defensa de los acusados".
España afirmó que "el gobierno andaluz debe retratarse con claridad y decidir si quieren ser defensa o acusación; si quieren ser la defensa de los corruptos del PSOE o estar del lado de los andaluces". Además, señaló que "con esta estrategia, Griñán trata de asegurar su propia defensa ante su posible imputación, por lo que estamos ante el interés personal del presidente de la Junta de Andalucía".
Carolina España afirmó que el gobierno de Griñán intenta justificar su incoherencia con excusas y aseguró que "se trata de una cuestión de voluntad, de transparencia, y de querer verdaderamente depurar responsabilidades".
En este sentido consideró "rocambolesco" que los mismos servicios jurídicos que son acusación en el caso ERE sean los que tengan que justificar si procede que la Junta pague la defensa de los acusados. Aseguró que la última palabra no es de los servicios jurídicos sino del gobierno, porque "se trata de una decisión política".
La dirigente popular criticó que "el gobierno andaluz utiliza el dinero de los andaluces para pagar la defensa de aquellos que están imputados en el saqueo del dinero de todos los andaluces". Insistió en que se trata del dinero de los ciudadanos que hace falta para pagar la sanidad, la educación o los servicios sociales.
España aseguró que "para la Junta hay imputados de primera y segunda, hay imputados a los que Griñán quiere tener contentos y controlados, quizá porque está allanando el camino para la defensa ‘gratis total’ de los imputados VIP".
Además, recordó que no sería la primera vez que el gobierno andaluz utiliza dinero de los andaluces para pagar los abogados de un imputado en el caso ERE, como ocurrió con el ex director de Trabajo, Daniel Rivera.
De hecho, explicó que el PP pidió en el Parlamento en julio del pasado año una relación de todos los costes de defensa de altos cargos y personal de la administración con los que ha corrido el gobierno en los últimos cinco años. Agregó que todas las consejerías han remitido la información, excepto las de Salud y Empleo. "Es muy sospechoso –dijo– que precisamente el epicentro del mayor caso de corrupción, la Consejería de Empleo, se niegue a aportar datos sobre los pagos de la defensa de personas relacionada con este Departamento".