El vicesecretario general del PSOE-A, Mario Jiménez, ha acusado a la juez que instruye el caso de los ERE fraudulentos de abrir una "causa general por motivaciones políticas" contra los gobiernos de Manuel Chaves y de José Antonio Griñán en la Junta de Andalucía.
El dirigente socialista ha lanzado estas críticas a la juez minutos antes de comenzar el comité director del PSOE andaluz que abrirá por primera vez en su historia un proceso de primarias y tras el auto de la magistrada que ha imputado a veinte cargos y excargos de la Junta.
Entre ellos figuran la exministra de Fomento y exconsejera de Economía de la Junta, Magdalena Álvarez, el actual número dos de la Consejería de Presidencia, Antonio Lozano, y el ex interventor general, Manuel Gómez.
"El PSOE ha sido respetuoso con todas las decisiones de la juez, pero las casualidades no existen y es absolutamente chocante la coincidencia reiterada entre la agenda política del PSOE y los pasos más significativos de la instrucción de este caso", ha manifestado a los periodistas.
Jiménez se ha referido a las continuas "coincidencias" de la publicación de los autos de la juez que instruye el caso de los ERE con acontecimientos políticos como la pasada campaña electoral y otros eventos políticos que "han marcado" la agenda y la opinión pública y mediática.
"Lo de hoy nos llena de preocupación porque es un paso en la instrucción que traslada la sensación de una causa general contra los gobiernos del presidente Chaves y del presidente Griñán. Se acusa a una serie de personas sin imputación delictiva, a funcionarios honestos que quedarán marcados", ha expuesto.
El número dos de los socialistas andaluces no ha dudado en señalar que la acusación a Alaya de abrir una "causa general" a los gobiernos de la Junta está basada en "motivaciones políticas y no jurídicas".
"Es muy sospechoso y llamativo el auto de hoy con el comienzo del proceso de primarias", ha enfatizado Jiménez, que ha confiado en que la Fiscalía "reaccione y ponga las cosas en su sitio".
De hecho, ha esgrimido que "no se entendería" que la Fiscalía no hiciera nada ante un auto que "no se entiende", y ha apelado a la tutela judicial efectiva y al estado de derecho para que se produzca dicha actuación. "Nos gustaría que funcione el estado de Derecho y que las instancias correspondientes corrijan la situación", ha sostenido el vicesecretario general.