En sede parlamentaria, José González Mata, dueño de Uniter y su red de empresas, negó que las comisiones recibidas gracias a su intermediación en determinados ERE fueran abusivas. Ahora ha afirmado estar en la indigencia por la decisión de la juez Alaya de bloquear sus cuentas. González Mata fue uno de los impulsores de la crítica que el presidente del Tribunal Supremo, Gonzalo Moliner, realizó de la instrucción de la juez, a la que afeó el alargamiento indebido de la instrucción. La figura de este empresario jerezano no está exenta de contradicciones.
Una primera nota curiosa es que si bien la mediadora habitual de los ERE era Vitalia, en un momento determinado aparece en la trama de los ERE Uniter, de Jerez, así como el ex consejero de Empleo Antonio Fernández. Mata no explicó quiénes y por qué eligieron a su pequeña empresa local Uniter para operaciones que superaban con creces los 170 millones de euros.
De hecho, la Unidad Central Operativa -UCO- de la Guardia Civil cifró en 13.307.787,60 euros la comisión "superior a mercado" que habría percibido González Mata, en relación con el pago de primas por importe de 177.918.800,96 euros.
González Mata, que lo negó todo en el Parlamento andaluz y que sostiene que es impropio el bloqueo de sus cuentas, ya ha anunciado que va a contestar a la juez Alaya y al fiscal aunque no se sabe si responderá a las preguntas de los demás letrados presentes en el caso. Dada la gravedad de sus imputaciones, no se descarta que la Fiscalía Anticorrupción pida se tomen medidas cautelares contra él.
Un imputado clave
González Mata ha sido imputado por la juez Alaya por delitos de tráfico de influencias, cohecho, blanqueo de capitales, asociación ilícita, falsedad documental y contra la hacienda pública. Tras la Operación Heracles del pasado mes de marzo, su declaración, pendiente debido a la enfermedad de la juez Alaya, quedó aparcada nuevamente porque se le considera uno de los responsables del negocio y de su organización.
Además de haber adquirido en estos años un suculento patrimonio inmobiliario a nombre de sus sociedades, se le considera colaborador en la inclusión de dos intrusos en el ERE de Calderinox y en otros seis en pólizas vinculadas a la Faja Pirítica de Huelva. Además, según la Guardia Civil, es responsable del desvío de dinero público hacia terceras personas que facilitaron la tramitación de las subvenciones procedentes de la administración andaluza. Entre ellas el despacho de abogados Estudios Jurídicos Villasís, el mediador Juan Lanzas y el entorno del exdirector general de Trabajo, Francisco Javier Guerrero.
La "indigencia" de González Mata
Desde luego, la mayoría de las operaciones no están a su nombre, sino al de sus empresas, Uniter, Ingotor y Cureña. Por ejemplo, Uniter era cliente habitual de una de las joyerías más prestigiosas y antiguas de Jerez de la Frontera. Desde 2006, 40.000 euros fueron destinadas a compras en este distribuidor de Rolex.
Del sumario se desprende así mismo que González Mata gastó en decorar y amueblar un piso de Jerez de la Frontera más de 340.000 euros y que tenía presupuestados otros 415.000 para obras de arte, muebles o tapicería para un chalé situado en la urbanización Vista Hermosa del Puerto de Santa María (Cádiz).
Por ejemplo, la decoración incluía 12 grabados con marco de oro y paspartú en oro, negro y rojo, Italia, siglo XVIII, que costaron 4.800 euros; una "lámpara de cristal y bronce de la Maison Bagués con pantalla de seda roja, París 1950", que le costó 2.000 euros y un aparador de laca china en oro, diseño de Pierre Lottier para la familia March, Francia, 1940, en el que se gastaron otros 10.000 euros.
Además, compró una biblioteca Luis XIV de madera de palo santo de la época de Napoleón III valorada en 9.000 euros y una colección de ceniceros de cristal de Murano de 500 euros. la decoración de su salón incluía una copa budista de lacre, de Birmania del siglo XIX de 2.000 euros y varias sillas de laca china al estilo de la Reina Ana de Inglaterra de la colección Duarte Pinto Coelho.
También se compró un cuadro de Santiago Castillo de 3.000 euros, una copa de mármol Rouge Griot estilo Napoleón III de 1850, por 2.000 euros. Añadió 26 grabados de esculturas del siglo XVIII de Italia, un espejo estilo Imperio de Francia de 1810 por 4.000 euros, un puf -un mueble para sentarse- de terciopelo verde estilo Luis XVI del siglo XIX por 1.500 euros y una bandeja estilo Napoleón III para centro de mesa por valor de 1.700 euros.
En otras estancias de la casa colocó grabados de la época de Luis Felipe de Orleans, fechados en Francia en 1.830 y en el hall, que le costó 5.000 euros, colgó cinco marcos pintados a mano de Inglaterra de 1949. Por ejemplo, en el dormitorio colocó una pareja de retratos de sultanes del siglo XVIII francés.
El caso Faja Pirítica de Huelva
Fue el ERE de la Faja Pirítica de Huelva el que más dinero público percibió, con casi 800 prejubilados. González Mata tendrá que explicar este lunes a la juez Alaya cómo ocurrió que el que fuera entonces secretario general de la Federación de Industrias de UGT y actual líder del sindicato en Cádiz, Salvador Mera, le pidiera dinero a las claras. De hecho, Mera declaró el 15 de enero ante la Guardia Civil que, una vez resuelto este ERE, él mismo "y Roberto Carmona de CCOO" le plantearon "directamente a José González Mata –administrador único de Uniter e imputado– que debido a los numerosos gastos que había tenido UGT en viajes, manifestaciones, concentraciones, asambleas, reuniones informativas y demás gastos de convocatoria relacionadas con el conflicto, el sindicato debía cobrar algo".
Tras la petición, González Mata consintió "tres pagos de 60.000 euros para cada sindicato", aunque no lo cumplió a rajatabla, y los facturó como servicios de "asesoramiento". Mera llegó a reconocer que aunque dijo a Mata que tuvieron muchos gastos de alquiler de los locales para celebrar asambleas y reuniones, éstos los habían cedido "los propios trabajadores, la empresa o una administración pública".
Tan rentable debió ser el ERE que Uniter abrió en Valverde del Camino una oficina para gestionar este ERE en el los sindicatos ni realizaron trabajo alguno ni colaboraron en ninguna de las funciones" aunque, eso sí, "eligieron el personal que allí trabajaba" -tres por UGT y tres por CCOO-. El contable de Uniter admitió haber pagado facturas a los sindicatos por orden de Mata, algunas simuladas como gastos corrientes de esta oficina.
CCOO y UGT dicen que no hay nada ilegal
El sumario eleva las comisiones detectadas a UGT y CCOO de 4,2 a 7,6 millones, de los que Uniter fue el responsable de la entrega de 3.253.031 euros.
El secretario general de CCOO en Andalucía, Francisco Carbonero, y su homólogo en UGT-A, Francisco Fernández, han negado de nuevo que ambos sindicatos hayan formado parte de ninguna trama en relación con el caso ERE, y dijeron estar "tranquilos y orgullosos" del trabajo realizado. Según ellos, no hay nada en el sumario que indique que los sindicatos hayan cobrado algo ilegal. Es más, han negado que haya habido "lucro, malversación, ni trama ni nada que se le parezca".
Delphi, Promi o Pickman fueron algunas de las empresas en cuyos ERE intervinieron CCOO y UGT, y cobraron de las aseguradores -vía las federaciones del metal y agroalimentaria o de sus compañías de correaje Atlatis, ASP, Temiqui o ITG-.