La prohibición de las corridas de toros en Cataluña, aprobada por el Parlamento catalán en julio de 2010, puede costar finalmente a la Generalidad hasta 20 millones de euros si se confirman las indemnizaciones que ahora mismo se barajan en la administración catalana, según informa ABC.
La propiedad de la plaza Monumental de Barcelona, empresa Balañá, y la sociedad gestora del coso desde 2007, Casa Matilla, son las entidades que la Generalidad reconoce hasta el momento con derecho a una indemnización económica en un proceso en el que ya se han rechazado 24 de las 29 solicitudes de compensación realizadas por toreros, ganaderos, médicos o veterinarios.
Fuentes administrativas y parlamentarias coinciden en que la indemnización final que pueden percibir tanto la propiedad como la empresa gestora del coso barcelonés se situará entre 12 y 20 millones de euros. Una cifra que compensaría a las empresas Balañá y Matilla de los perjuicios derivados de no poder utilizar la plaza para su fin principal –celebración de espectáculos taurinos- y de impedir asimismo la actividad de la gestora –programar una temporada de corridas de toros-. La cantidad final a pagar por la Generalidad no contempla en ningún caso una expropiación de la plaza Monumental de Barcelona a la propiedad, lo que supondría, de llevarse a cabo, el incremento correspondiente de valorar el precio del solar –más de 11.000 metros cuadrados en plena Gran Vía de Barcelona- y el de la edificación. No menos de 50 millones, según fuentes inmobiliarias. Los 20 millones que deberá pagar el Gobierno de Artur Mas al sector taurino supera la deuda contraída con las ONG catalanas, al tiempo que permitiría pagar los intereses de demora que debe a las farmacias.