La juez que investiga los ERE falsos ha impuesto fianzas civiles de 111 millones de euros a cada uno de los tres directivos de la aseguradora Vitalia imputados en la última fase de las investigaciones y de 38 millones al exsindicalista Juan Lanzas.
La juez Mercedes Alaya, en un auto al que ha tenido acceso Efe, acuerda imponer distintas fianzas a nueve de los 22 últimos imputados, pese a que se está produciendo una "vorágine de información" por parte de la Guardia Civil y los bancos que "solo puede justificar un incremento de las mismas" según avance la investigación.
La magistrada justifica estas fianzas, que deben responder de las futuras responsabilidades civiles y multas, por el "negocio enormemente rentable para Vitalia" en que se habían convertido las pólizas de renta colectiva financiadas por la Junta y las "comisiones elevadísimas" que cobraba.
Mediante una "arbitraria" adjudicación a Vitalia de dichas pólizas, sin concurso público y durante diez años, no sólo Lanzas obtenía "suculentos beneficios", sino que las sobrecomisiones millonarias se utilizaban para gratificar "de manera continuada a sindicatos y a ciertos responsables de la Administración, como en este caso al director general de Trabajo" Francisco Javier Guerrero, añade Alaya.
En cuanto a la cúpula de Vitalia que integraban Eduardo Pascual, María Vaqué y Antonio Albarracín, el auto fija su fianza civil en 111 millones de euros, cantidad alcanzada de sumar el 35 por ciento de los 217 millones de euros a que ascendieron las primas pagadas por la Junta y el dinero que pagaron a Lanzas.
Respecto a Lanzas, la cantidad de 38 millones de euros se alcanza mediante lo cobrado por los "intrusos" en el ERE de Hitemasa, entre ellos él mismo y su esposa, y la inclusión de dos cuñados suyos en el ERE de Dhul, donde tampoco trabajaron.
Además, Alaya incluye entre la futura responsabilidad de Lanzas haber incluido como "intrusos" a la esposa de un sindicalista de Hijos de Andrés Molina y a otros dos en la empresa Aglomerados Morell, además de Carmen Fontela en el restaurante Rio Grande de Sevilla y las comisiones que cobró de Vitalia.
A Patrocino Sierra, esposa de Lanzas, la juez le impone una fianza de 14 millones por los beneficios percibidos por ella misma, sus cuñados y porque "conociendo el ilícito origen de los ingresos de su marido", se concertó con él para incorporarlos al tráfico legal y comprar cinco inmuebles.
El auto acuerda embargar a todos los imputados varias propiedades, entre ellas once fincas al matrimonio Lanzas-Sierra y doce inmuebles a Albarracín y su esposa.
Jesús Bordallo, director andaluz de Vitalia, deberá depositar una fianza civil de 15 millones y la esposa de Albarracín de 5 millones.