El levantamiento del secreto del sumario de los ERE ha iluminado el dinero que fue a parar a los sindicatos, 7,6 millones a CCOO y a UGT, procedente de las mediadoras Uniter y Vitalia -poco más de 3 millones la primera y el resto, la segunda-. También se aclaraba que UGT y CCOO cobraron de Uniter 360.000 euros para gastos de "movilizaciones" relacionadas con los ERE. Desde este jueves ya se sabe que CCOO recibió una ayuda excepcional de 762.445 euros para crear un centro de investigación.
Esta última subvención excepcional es investigada por la juez Alaya y se encuentra en los tomos del sumario cuyo secreto fue levantado hace unos días. Una comunicación oficial del ex director general de Trabajo y Seguridad Social, Francisco Javier Guerrero, a la sede central de CCOO en Andalucía, adjuntaba la resolución del consejero de Empleo "por la que se concede una subvención excepcional para la creación de un centro de Investigación y Difusión Sindical en la calle Morería número 10 de Sevilla". El documento es del 31 de diciembre de 2006 y el titular de Trabajo en ese momento era Antonio Fernández, que también fue encarcelado.
El dinero fue empleado en la rehabilitación de la sede de la Fundación de Estudios Sindicales, que CCOO-A defiende como uno de los fondos archivísticos más importantes de España sobre el movimiento sindical pero según sus portavoces costó más la obra que la subvención recibida. Pero el caso es que la ayuda debió ser concedida por la Consejería de Obras Públicas y Vivienda y ser publicada en el BOJA. No fue así en ninguno de los dos casos.
Del sumario del caso de los ERE ya se ha desprendido que empresas vinculadas a los dos sindicatos cobraban una comisión de entre el 0,5 y el 1 por ciento de cada póliza por facilitar a las mediadoras información privilegiada sobre las empresas en las que se iban a llevar a cabo los expedientes de regulación de empleo. Las mediadoras –el conglomerado de Vitalia y Uniter– eran las que pagaban el dinero a los sindicatos. La suma, según la investigación, ronda, al menos, los 7,6 millones de euros.
Uno de los testaferros de la trama, Juan Francisco Algarín Lamela, confesó ante la Guardia Civil que "sobre 2002-2003" recibió una llamada del conseguidor Juan Lanzas "citándole para una reunión en la sede del sindicato UGT en Sevilla". El motivo de la llamada era "montar una empresa de aceite" con él y varias personas más. Se produjo la reunión, en la que Lanzas "dijo que él conocía a una persona que pondría unos 800.000 euros", pero al final el proyecto no se realizó.
Pago de movilizaciones sindicales
Se ha sabido además que José González Mata, presidente de Uniter SA, que ha negado todo e incluso redujo sus comisiones a la mínima expresión según sus propios cálculos, pagó durante varios años algunos de los gastos de los congresos de UGT Andalucía.
El actual líder del sindicato UGT en Cádiz, Salvador Mera, declaró el 15 de enero ante la Guardia Civil que, una vez resuelto el ERE de la Faja Pirítica de Huelva, él mismo" y Roberto Carmona de CCOO" le plantearon "directamente a José González Mata –administrador único de Uniter e imputado– que debido a los numerosos gastos que había tenido UGT en viajes, manifestaciones, concentraciones, asambleas, reuniones informativas y demás gastos de convocatoria relacionadas con el conflicto, el sindicato debía cobrar algo".
González Mata acordó con ellos "tres pagos de 60.000 euros para cada sindicato" y los facturó como servicios de "asesoramiento". Además, su mediadora Uniter pagó el 28 de enero de 2010 10.026,51 euros en facturas de catering y alojamiento de los delegados que participaron en el III Congreso Provincial de la Federación Agroalimentaria (FTA) de UGT-Cádiz, que se clausuró el 17 de octubre de 2009 en las Bodegas Valdivia de Jerez de la Frontera. Uno de los miembros más destacados de esta Federación es el recién elegido secretario general de UGT-A, Francisco Fernández Sevilla, sustituto de Manuel Pastrana al frente de la organización. Y a la misma perteneció Juan Lanzas, en su etapa ugetista.