La Fiscalía Anticorrupción ha solicitado a la juez Mercedes Alaya, que instruye la causa de los expedientes de regulación de empleo (ERE) fraudulentos tramitados por la Junta, que indague y practique una serie de diligencias en torno a los pagos realizados a las empresas "vinculadas" a los sindicatos UGT y CCOO por parte de las mediadoras y despachos "de asesores" intervinientes en la tramitación de las ayudas sociolaborales investigadas.
En un escrito remitido este jueves al Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla, al que ha tenido acceso Europa Press, el Ministerio Público recuerda que en las diligencias policiales de la Guardia Civil conocidas tras el levantamiento del secreto "se recoge que tantos las mediadoras como despachos de asesores que han intervenido en las tramitación de las ayudas sociolaborales han realizado pagos a sindicatos o empresas vinculadas a los mismos".
A fin de "avanzar" en la investigación "sobre la justificación de dichos pagos, las personas y entidades que se hayan beneficiado de los mismos", pide que se oficie a la Guardia Civil "para que aporte relación de las entidades y empresas perceptoras de dichas cantidades, con indicación de NIF y domicilio, entidad, fecha y cantidad que realiza el pago".
Así, pide que esta relación sea remitida a la Agencia Tributaria "al objeto de informar sobre operaciones que conste en sus bases de datos entre dichas entidades y empresas y todas aquellas sociedades o asociaciones que han sido beneficiarias de ayudas sociolaborales y ayudas a empresas".
Conforme a la relación aportada, pide que se requiera a la representación de las empresas perceptoras de dichos pagos, cuantificados en más de siete millones de euros, "para que aporten al Juzgado justificación documental de los servicios a los que se corresponden dichos pagos, de forma detallada -factura a factura-, con indicación de los trabajos -duración, lugar o periodo- y personal empleado".