El Gobierno respondió con resignación al abono de 11.000 euros a Amaiur para gastos de seguridad contra ETA. "Produce sonrojo", reconocían las fuentes consultadas, “pero es la ley y a ella tenemos que atenernos”.
Así, el Ejecutivo se lavó las manos para descargar toda la responsabilidad de que puedan suceder "este tipos de cosas" a Pascual Sala, presidente del Tribunal Constitucional. "El PP presentó un recurso", rememoran, pero el TC falló y la marca Batasuna se consideró legal.
Tanto Ejecutivo como PP llevan semanas recordando que la Fiscalía vigila con atención los pasos de las marcas del entorno de ETA por se pudiera instar a su ilegalización pero, de momento, no dan el paso.