Tras la difusión de las propuestas con el que trabaja Justicia para la modificación de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, el ministro Alberto Ruiz-Gallardón ha tenido que responder en el Congreso sobre los aspectos más polémicos de la norma, los que se refieren a la limitación de difusión de datos judiciales en la prensa.
Gallardón ha asegurado en los pasillos de la Cámara que la nueva ley no acotará el derecho fundamental a la libertad de información, como pedían los expertos, aunque sí establecerá "medidas" para "limitar" en "lo máximo posible" cualquier "tipo de perturbación sobre las actuaciones sumariales".
Sobre la polémica propuesta de los expertos de ordenar a los medios de comunicación el cese de las publicaciones declaradas secretas, Gallardón ha admitido que la información es un derecho "de carácter preferente" en base a la "rotunda" jurisprudencia emitida por el Tribunal Constitucional sobre este asunto.
"Por lo tanto, nosotros tenemos que adoptar medidas, lo haremos en la Ley de Enjuiciamiento Criminal, dirigidas a limitar lo máximo posible cualquier tipo de perturbación sobre las actuaciones sumariales", ha aseverado para insistir en que, "en ningún caso, se establecerá ninguna medida limitadora del derecho a la información".
Fuentes del ministerio de Justicia han recalcado que en ningún caso va a haber "sanciones" ni se van a paralizar informaciones relativas a procesos judiciales, pese a que sí lo pedía la comisión. Sí trabajan en medidas para impedir en lo posible las filtraciones, para lo que se centrarán en limitar el tiempo del secreto de sumario. A esto ha aludido Gallardón esta mañana. En su opinión, las causas bajo secreto de sumario no se puedan prolongar "indefinidamente", ya que ello acaba "perturbando" el buen fin de las mismas.
Las propuestas más polémicas
La propuesta del nuevo Código Procesal Penal fija un plazo máximo de doce meses para mantener secreta la investigación y recoge que el tribunal podrá acordar, "previa ponderación de los intereses en conflicto", el cese de la difusión cuando un medio la divulgue, siempre y cuando pudiera comprometer "gravemente" el derecho a un proceso justo o los derechos fundamentales de los afectados.
La propuesta de la comisión institucional dedica un capítulo específico a la 'Publicidad de las actuaciones' en el que regula la presencia de los medios de comunicación en el juicio, la información del proceso o la prohibición "excepcional" de revelar determinadas informaciones cuando es necesario para preservar el orden público, la seguridad nacional, los intereses de los menores o la protección de la vida privada de las partes, entre otros motivos.
En este último apartado, se contempla la posibilidad de que "si se difundiere públicamente por cualquier medio información sobre el proceso, con vulneración del secreto de las actuaciones o en su caso de los deberes de sigilo y reserva previstos en este Título, el Tribunal de oficio o instancia del Ministerio Fiscal podrá acordar, previa ponderación de los intereses en conflicto, el cese de la difusión, siempre que esta pudiere comprometer gravemente el derecho a un proceso justo o los derechos fundamentales de los afectados".
Además, según revela este martes El Mundo, "el fiscal podrá requerir al encausado, testigos o profesionales que se abstengan de revelar fuera del proceso el contenido de las declaraciones, datos o informaciones de los hechos investigados".