"No ha habido ninguna reforma educativa tan revolucionaria (como ésta) desde la LOGSE de 1990", señalaron fuentes del Ministerio que dirige José Ignacio Wert poco antes de que el Consejo de Ministros aprobara la Ley de Mejora de la Calidad Educativa. El Gobierno dio su visto bueno este viernes a la LOMCE, que se presentó sin cambios sustanciales con respecto a lo que ya se conocía hasta ahora. De esta manera, contestan a aquellas voces que cuestionan la idoneidad de llevar a cabo una enésima reforma educativa.
Sus objetivos fundamentales son "reducir las tasas de abandono y fracaso escolar" y mejorar la "empleabilidad de los jóvenes". El texto mantiene las líneas generales del proyecto (adelanto de itinerarios hacia la FP, reválidas, nuevo reparto de competencias entre el Gobierno y las autonomías para diseñar los contenidos escolares), pero introduce pequeños cambios para adecuarse a algunas de las objeciones que puso recientemente a la norma el dictamen del Consejo de Estado.
Los principales cambios del proyecto de ley, que a partir de ahora inicia su tramitación parlamentaria con la oposición de todos los grupos políticos, son:
Asignaturas troncales, comunes y obligatorias
Las asignaturas se dividirán en troncales, específicas y de libre configuración para garantizar "un núcleo básico homogéneo" de los contenidos en todas las comunidades autónomas.
El Estado será el que defina los contenidos y la forma de evaluación de las troncales y los criterios de evaluación de las específicas. Las autonomías sólo tendrán total libertad para definir las de libre configuración y las asignaturas sobre sus lenguas cooficiales.
Evaluaciones nacionales y suspensos
Desaparece la selectividad y se implantarán evaluaciones externas al finalizar ESO y Bachillerato. El ministro ha negado que sean "reválidadas" que impidan seguir estudiando si se suspenden, pero ha explicado que será necesario aprobar estas pruebas para conseguir la titulación.
En Primaria la prueba se efectuará en tercero para medir la capacidad en lengua, escritura y cálculo y serán diseñadas por las comunidades autónomas en contra de las anteriores que serán competencia del Ministerio de Educación y se realizarán y corregirán por personal externo al centro. Esta prueba en Primaria no puntuará para nota pero sí servirá de indicativo para saber en qué hay que reforzar a los alumnos. Sí serán puntuables y harán media las evaluaciones de 4º de la ESO y Bachillerato.
Además, a partir de ahora no se podrá pasar con más de dos asignaturas suspensas, siempre y cuando entre esas asignaturas no estén las matemáticas y la lengua castellana/cooficial. En este caso, tampoco.
La nota de Religión y su alternativa cuenta
Las asignaturas de Religión y su alternativa (Valores Culturales y Sociales en Primaria y Valores Éticos en Secundaria) serán evaluables y su nota contará para la media del curso "a todos los efectos" como para obtener una beca, por ejemplo. "Hasta ahora la nota no contaba porque su alternativa era el recreo", señalaron dichas fuentes. Es obligatorio ofertar la religión, pero no lo es escogerla. Tampoco se incluirán en las evaluaciones nacionales.
El alumno podrá optar por una de ellas o estudiar las dos a la vez en lugar de cualquier otra optativa, según explicaron fuentes ministeriales.
Por otro lado, se suprime finalmente la asignatura de Educación para la Ciudadanía a pesar del informe del Consejo de Estado que pedía que se mantuviera, pero su contenido pasa a ser transversal, es decir, que se incluye en otras asignaturas.
Además, sobre otro de los puntos polémicos, el de las subvenciones a los colegios que separan por sexo, Educación ha introducido una cláusula por la que estos centros tendrán que justificar que su modelo es tan aceptable como el mixto si quieren acceder a algún tipo de subvención pública. El Consejo de Estado así lo había reclamado.
La reforma de 4º de la ESO y la nueva FP
Otra de las novedades será la reforma de 4º de la ESO que tendrá dos itinerarios, uno enfocado al Bachillerato y otro a la Formación Profesional. Se convertirá en un curso puente o pasarela y "cumple un poco" con la función de lo que habría sido hacer un Bachillerato de tres años en lugar de dos. Si finalmente no se ha aumentado el número de cursos de Bachillerato es, entre otras cosas, porque "estructuralmente resultaba muy complicado y caro para los centros", dijo Wert.
La reforma educativa incluye también una reforma de la Formación Profesional básica enfocada a los "jóvenes que tienen dificultades en completar el ciclo de la ESO" sin que suponga por ello "un itinerario cerrado" ni una "carrera secundaria", según ha detallado Wert.
Europa pagará la mitad del coste de la reforma
El coste estimado de la reforma y su implantación es el mismo. El Ministerio no lo ha revisado tras el informe del Consejo de Estado. Pero lo que sí se ha hecho durante este tiempo, de ahí el retraso en la aprobación de la ley, es negociar con Trabajo. Lo que se hará es intentar que en torno a la mitad del dinero que costarán los cambios (unos 200 millones de los 400 previstos en tres años) lo ponga la Unión Europea. El Gobierno solicitará que ese dinero salga del Fondo Social Europeo. Y es casi seguro que se consiga, señalaron las citadas fuentes. Ese ahorro para las arcas públicas se producirá en los costes directos, es decir, la que pondrá el Gobierno central, y no en los costes indirectos, que sufragarán las comunidades y dependerá del éxito que tenga la reforma, es decir, del número de alumnos que sigan estudiando en vez de abandonar el sistema educativo.
Sobre la memoria económica la implantación de la ley supondrá unos gastos en el primer año de 22 millones de euros, 130 en el segundo año y 255. Este dinero se destinará a costear la nueva FP y de los itinerarios hacia ésta y Bachillerato al final de la ESO. (Pinche aquí para ampliar la información relativa al coste de la reforma).
Además, se dotará a los centros y a los directores de una mayor autonomía, y, por contra, se les exigirá una mayor rendición de cuentas y una mayor transparencia.
Lenguas cooficiales
Por último está la polémica de las lenguas cooficiales y en concreto la trifulca con Cataluña. Finalmente, la solución que se da en la 'ley Wert' es que aquellos padres que quieran ver reconocido su derecho a que sus hijos estudien castellano puedan acudir a un centro privado y los costes corran a cargo de la Administración: la central en un primer momento y la autonómica finalmente, puesto que estos costes se descontarán después a la comunidad autónoma de la financiación educativa.
La solución es sencilla: si Cataluña no quiere recibir menos dinero del Estado "que cumpla las sentencias", señalaron a LD fuentes ministeriales. "Tenemos el deber de hacer cumplir" lo que en los fallos judiciales se insta, subrayan. Y añaden: "Son derechos individuales, da igual que sean muchas o pocas familias las que lo soliciten", concluyen.