El titular del Juzgado de Instrucción Número 4 de Madrid, Marcelino Sexmero, ha archivado este viernes la denuncia interpuesta por el marido de la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Saénz de Santamaría, por el acto de acoso que tuvo lugar el pasado 5 de abril frente a su vivienda por parte de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH).
En el auto, el juez asegura que los manifestantes no cometieron ni un delito de amenazas ni de coacciones ni tampoco cometieron un acto de desobediencia a la autoridad.
En la resolución, el magistrado no encuentra que los concentrados atentaran contra la libertad, intimidad y seguridad de la vicepresidenta y su familia pues la finalidad del 'escrache' no era quebrantar por la fuerza la voluntad política" de Sáenz de Santamaría, "sino expresar en la vía pública la información y las ideas del colectivo concentrado sobre el problema de la ejecución hipotecaria y la crítica a la por ellos considerada inactividad de los políticos gobernantes".
Así, se considera lo ocurrido amparado por la libertad de expresión y de reunión "aunque para ellos las palabras y las consignas puedan ofender o perturbar", dado que el derecho a la intimidad de la vicepresidenta "cede" ante los derechos colectivos "por su carácter de persona de relevancia pública dedicada a la gestión política".
"La concentración que se realiza delante del domicilio de un cargo público es evidente que ocasiona ciertas molestias; no sólo al cargo público sino también a su familia y vecinos ya que puede obstaculizar el tráfico, el acceso o salida de domicilio con vehículos puede causar incomodidades al oírse consignas o reivindicaciones, gritos, etc...pero estas perturbaciones no se encuadran dentro de la violencia o la fuerza que requiere el tipo de las coacciones y sí en el ámbito de la libertad de expresión y son consecuencia inevitable del ejercicio del derecho de manifestación", reza el auto.
No hubo violencia física
Según el magistrado Marcelino Sexmero, los manifestantes acudieron hasta el domicilio de la vicepresidenta para "expresar en la vía pública" el problema de la ejecución hipotecaria con críticas por la "considerada inactividad" del Ejecutivo. En este sentido, el instructor añade que prevalece el derecho a la libertad de expresión y de manifestación "aunque las palabras y consignas de los manifestantes puedan ofender o perturbar sin que se haya violado el derecho a la intimidad de la vicepresidenta".
Para llegar a esta conclusión el juez valora que en el acto de acoso frente a la vivienda de Saénz de Santamaría no hubo "ni violencia física ni fuerza en las cosas ni restricción en la libertad de la familia de la vicepresidenta del Gobierno".
El juez abrió inicialmente diligencias por estos hechos contra un total de 27 personas y en sus primeras resoluciones consideraba como al ex secretario general de Alianza Popular Jorge Verstrynge como uno de los instigadores de la concentración.
La noticia le cogió por sopresa a Saénz de Santamaría durante la rueda de prensa tras el Consejo de Ministros. Preguntada por Ketty Garat, de esRadio, dijo que ella no es la denunciante. "Yo soy testigo, no soy la denunciante. Nadie me ha pedido mi testifical", dijo. No obstante, señaló que "siempre respeto las decisiones judiciales, las me afectan a mí y las que afectan al Gobierno".