El juez del caso Nóos, José Castro, ha pedido este jueves a Diego Torres que facilite detalles de la reunión que, según declaró, se celebró en el Palacio de la Zarzuela entre él mismo, su socio Iñaki Urdangarin, el expresidente de la Comunidad Valenciana Francisco Camps y la alcaldesa de Valencia, Rita Barberá.
En su última comparecencia en los juzgados de Palma, Torres explicó al juez y a la Fiscalía Anticorrupción que Urdangarin negoció en marzo de 2004 con Barberá y Camps en la residencia de los Reyes la organización del foro deportivo Valencia Summit.
En una providencia, el titular del juzgado número 3 de Palma requiere al socio de Urdangarin que, "sin merma de sus derechos como imputado y en la medida que le sea posible", le indique "día y hora de la reunión" o al menos el día de la semana en que se produjo.
El Valencia Summit, un encuentro sobre deporte del que se celebraron tres ediciones en la capital levantina (2004, 2005 y 2006), fue organizado por el Instituto Nóos y pagado con fondos públicos que la Fiscalía Anticorrupción considera injustificados.
En su solicitud, el juez indica que quiere saber si Camps y Barberá estaban en la Zarzuela porque asistían a algún acto oficial, "fuera cual fuera este, si asistieron otras personas y en qué calidad lo hicieron". También pide al imputado más concreción sobre los temas tratados en el encuentro, que precise qué expuso cada uno de los asistentes e, incluso, "orden de llegada y si lo hicieron juntos o por separado".
Finalmente, Castro pregunta a Torres si en el palacio se registró la entrada y salida de los participantes en la reunión y si algunos de ellos fueron dispensados de este control, "indicando quiénes fueron"
Declaraciones de la renta del Duque
Además, el juez ha incorporado a la causa las diez últimas declaraciones de la renta del Duque de Palma, Iñaki Urdangarin, que la Agencia Tributaria (AEAT) ha entregado al Juzgado de Instrucción número 3 de Palma, si bien por el momento no ha unido al caso las de la Infanta Cristina a la espera de resolver los recursos interpuestos contra esta diligencia.
Mediante una providencia, el magistrado da cuenta de este modo a las partes de la documentación entregada por Hacienda, tras solicitar a la AEAT las declaraciones de los últimos diez años a petición del sindicato Manos Limpias, personado como acusación popular. Una medida a la que se han opuesto tanto el Duque como su mujer a través de sendos recursos de reforma.
En la resolución por la que cursó la solicitud a Hacienda, el juez justificaba que el auto por el que imputó a la hija del Rey Don Juan Carlos tenía "plena vigencia" de cara a acordar nuevas diligencias de investigación en torno a la Infanta, por lo que nada impedía "que se puedan llevar a cabo las que "se estimen oportunas".