La Fiscalía de la Audiencia Nacional ha solicitado este viernes que los mandos policiales Enrique Pamiés, exjefe superior de Policía del País Vasco y el inspector José María Ballesteros acusados de dar el chivatazo a la red de extorsión de ETA que tuvo lugar el 4 de mayo de 2006 en el bar Faisán (Irún) sean juzgados por un delito de revelación de secretos o, alternativamente, por colaboración con banda armada.
El departamento que encabeza el fiscal Javier Zaragoza ha recibido orden directa del Fiscal General del Estado, Eduardo Torres Dulce, de acusar de cara al próximo juicio a los dos agentes de un delito de colaboración con ETA. Hasta ahora, la Fiscalía que dirige Zaragoza había defendido que sólo se les debía atribuir a Pamies y Ballesteros el delito de revelación de secretos.
Por esta razón, en el escrito, la Fiscalía de la Audiencia señala que esa calificación alternativa de los delitos se formula en aras del artículo 25 del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal. Dicho artículo señala que "el Fiscal General del Estado podrá impartir a sus subordinados las órdenes e instrucciones convenientes al servicio y al ejercicio de las funciones, tanto de carácter general como referidas a asuntos específicos".
En el documento, el fiscal pide dos años de cárcel para el exjefe superior de Policía del País Vasco Enrique Pamies y uno y medio para el entonces inspector José María Ballesteros por un delito de revelación de secretos, aunque incluye como alternativa una petición de cinco años de cárcel por colaboración con organización terrorista.
Más allá de las discrepancias sobre la calificación jurídica de los hechos, el escrito del fiscal Carlos Bautista resume de forma detallada en qué consistió el soplo policial a la red de extorsión de ETA que encabezaba Joseba Elosúa.
Según narra el fiscal, el entonces jefe superior de Policía del País Vasco Enrique Pamiés tuvo conocimiento el 3 de mayo de 2006 – la tarde antes de que se diera el soplo- de que se iba a poner en marcha una operación conjunta entre España y Francia que iba a acabar con la detención del dirigente del Partido Nacionalista Vasco (PNV), Gorka Aguirre, y "decidió obstaculizarlo".
Un soplo en plena negociación con ETA
"A estos efectos, buscó una persona que no perteneciera a la plantilla de la Policía en San Sebastián y no pudiera ser reconocida por los integrantes de ésta o de la Sección de Economía de la Unidad Central de Inteligencia con el propósito de que entrara en el bar Faisán esa misma mañana", relata el escrito.
El elegido, asegura el Ministerio Público, fue José María Ballesteros, en aquel momento inspector destinado en la Brigada de Información de Vitoria. El agente entró en la mañana del 4 de mayo en el citado establecimiento y le dio a Elosúa un teléfono advirtiéndole de que había una operación policial en marcha. "Concretamente le dijo que tuviera conciencia de la situación política, que le venían controlando desde hacía tiempo, que no hablase por los teléfonos ni en el coche y que no dijera a nadie que le había llamado", resume el fiscal Bautista.
Después de acabar esa conversación, el procesado Ballesteros salió del bar por la puerta principal "siendo grabado por las cámaras de vigilancia a las 11:33 horas". En este punto, el fiscal recuerda que "Ballesteros ha reconocido ser la persona que aparece en todas las imágenes recogidas en la cinta de vigilancia 122, correspondiente al día de la fecha".
El dato clave que no revela el escrito del fiscal es la gran duda sin resolver en este caso: quién dio la orden de dar el soplo a Joseba Elosúa. Contra el único mando político que estuvo imputado en la causa, el exdirector general de la Policía en la época en la que Rubalcaba era ministro de Interior, Víctor García Hidalgo, se retiró posteriormente su imputación.
Finalmente, la denominada operación Urogallo se frustró ese 4 de mayo. Un mes y medio más tarde, el 22 de junio, se detuvo a los integrantes de la red de extorsión pero ya entonces no se pudo ni intervenir las cartas del chantaje terrorista ni el dinero procedente de esa actividad.
Será la Sección Tercera de la Audiencia Nacional, presidida por el magistrado Alfonso Guevara, la que juzgue estos hechos. La vista podría celebrarse antes de verano.