La Empresa de Suelo de Andalucía (EPSA) mantiene una deuda con las mismas entidades financieras a las que quiere expropiarle las viviendas vacías de 467 millones de euros, según informa La Razón.
El último Informe Anual de la Cámara de Cuentas de Andalucía relativo a la Fiscalización de la Cuenta General, Contratación Administrativa y Fondo de Compensación interterritorial de la Junta, señala que EPSA formalizó durante 2011 "tres pólizas de crédito y 22 préstamos hipotecarios en virtud de la autorización presupuestaria". El documento recoge que el importe formalizado durante ese ejercicio fue de 188,07 millones y que EPSA mantenía 212 operaciones vigentes, "de las cuales once de ellas eran pólizas de crédito con un saldo vivo de 200,40 millones de euros y el resto, 201 préstamos hipotecarios registraban un saldo vivo de 267,37 millones para un total de 467,77 millones de euros".
Durante el último año fiscalizado, EPSA recibió además tres avales "por un importe global de 145 millones". La Cámara de Cuentas señalaba que "el objeto de estos avales es garantizar el cumplimiento de las obligaciones financieras derivadas de sendos contratos mercantiles de crédito concedidas por entidades financieras, destinados a financiar gastos de inversión en ejecución del desarrollo de la gestión delegada por la Consejería de Obras Públicas y Vivienda en la Empresa Pública del Suelo de Andalucía, que contempla actuaciones de los programas de rehabilitación singular de Edificios y rehabilitación de barrios y centros históricos, consideradas de interés preferente para la Comunidad Autónoma de Andalucía".
Un crédito para las expropiaciones
Además, el Presupuesto autonómico andaluz de 2013 contempla, entre sus operaciones de endeudamiento para el sector público empresarial andaluz, una autorización "para contraer préstamos con entidades financieras públicas o privadas hasta el límite de 150 millones de euros para el cumplimiento de sus fines". Por tanto, este mismo año se puede dar la circunstancia de que el bipartito andaluz trate de formalizar un crédito con un banco que le servirá, entre otras cosas, para pagar las "expropiaciones del uso" de aquellas viviendas que queden reguladas en el Decreto Ley de Función Social de la Vivienda aprobado el martes, que este jueves se publicará en el BOJA y que el viernes entrará en vigor.
El presidente Griñán defendió la "constitucionalidad" de la medida y se sumó al discurso contra los bancos de su socio de Gobierno, IU: "Queremos que ese gran parque de viviendas ocioso perteneciente a personas jurídicas y que no está siendo utilizado, se pueda poner en una oferta de alquiler para muchos ciudadanos".