El secretario de Estado de Seguridad, Francisco Martínez Vázquez, anunció este miércoles que los agentes del Cuerpo Nacional de Policía limitarán la distancia a la que los ciudadanos que participan en actos de acoso para presionar a favor de un cambio en la ley sobre desahucios pueden estar respecto al domicilio de los dirigentes políticos.
La razón, según dijo, es mantener el "difícil equilibrio" que hay que hacer para gestionar la colisión de varios derechos fundamentales, como pueden ser el derecho a la libertad de expresión o de manifestación de unos, frente a los derechos "a la propia imagen" o la "inviolabilidad del domicilio" de los otros.
Avanzó que el Ministerio del Interior está trabajando con el "mismo criterio" que está aplicando la Ertzaintza en el País Vasco, y que se sitúa en los 300 metros, aunque la distancia final de seguridad será modificada en función de las circunstancias de cada acto de acoso, en función del número de personas y de las circunstancias propias de la zona vecinal donde se esté realizando.
Asimismo, recordó que el derecho a la manifestación está regulado por ley y que antes de llevar a cabo una concentración o manifestación hay que comunicarlo oportunamente a las respectivas delegaciones o subdelegaciones de Gobierno, algo que, según dijo, "no se ha respetado" en algunos casos.
El director general de la Policía, Ignacio Cosidó, dijo asimismo que habrá una distancia de seguridad "orientativa" entre los participantes en las manifestaciones de acoso y los domicilios particulares de los políticos, y dejó claro que los agentes bajo su mando actuarán siempre con "proporcionalidad" y "equilibrio".
"Hay actitudes de acoso e insulto, de agresiones verbales o físicas que son prácticas totalitarios y que requieren no solo la actuación de la Policía sino también una condena expresa de todos los que creemos en la democracia. La coacción no es tolerable. Ni la violencia ni la coacción pueden tener cabida en una sociedad democrática", dijo.
Asimismo, calificó como un "error" sobredimensionar estas campañas de acoso ya que, según dijo, la participación ciudadana en los mismos y la gravedad de los actos que en ellas se produce es "muy limitada".