El lehendakari vasco, Iñigo Urkullu, presentó este martes las líneas maestras de la política que pretende seguir durante la actual legislatura. Un documento de más de 200 páginas en el que propone dotar de un nuevo estatus político a la región y convocar un referéndum independentista en el que no sólo estarían llamados a las urnas los ciudadanos vascos, sino también, si es posible, los navarros y de las zonas del sur de Francia que el nacionalismo incluye en 'Euskal Herria'.
Lo planteado no es algo nuevo, puesta ya intentó ponerlo en práctica el anterior lehendakari del PNV, Juan José Ibarretxe, quien en primer lugar planteo un nuevo marco jurídico que situaba a la comunidad vasca como un Estado Libre Asociado a España, y que posteriormente intentó realizar un referéndum, que no fue permitido por el Tribunal Constitucional.
El primer paso de los planes del Gobierno vasco sería la constitución en el Parlamento regional de una ponencia parlamentaria en la que se pondría en marcha el debate sobre el futuro marco jurídico del País Vasco. Precisamente, serían las conclusiones con las que concluyese esta ponencia las que se someterían a votación, en un periodo de tiempo que no está especificado en el plan.
Pese a que el año del referéndum no está puesto por escrito en el documento, sí existe una fecha de referencia, que fue pregonada por Urkullu y los principales dirigentes del PNV durante las elecciones autonómicas del pasado mes de octubre: 2015. Esta fecha fue pactada de antemano con el actual presidente de la Generalidad de Cataluña, Artur Mas, en un encuentro que mantuvieron ambos en octubre de 2012.
El lehendakari dice que "aspira" a que a los ciudadanos "de todos los territorios vascos" –que en la megalomanía nacionalista vasca incluye también a Navarra y el País Vasco francés– se les reconozca el derecho a decidir libremente sobre el grado y vínculo de relaciones que desean tener entre ellos, incluida la posibilidad de conformar un marco institucional unitario, si ésa es su voluntad mayoritaria".
Para ello potenciará la cooperación transfronteriza en la "Eurorregión Aquitania (Francia)-Euskadi", propiciará la adhesión de Navarra a la misma e iniciará "un diálogo sincero" con las instituciones navarras, con las que pretende colaborar para defender el Concierto y el Convenio Económico ante las autoridades españolas y europeas.
Asimismo, quiere crear redes de colaboración entre todos los territorios vascos, potenciar a "toda Euskalherria" como destino turístico, desarrollar las vías de comunicación "que articulen el conjunto del territorio" e impulsar el vascuence serán algunos de los ejes de esta estrategia.
Desde el punto de vista normativo, el Gobierno vasco entiende que "las circunstancias" que han rodeado el desarrollo del Estatuto de Autonomía de Guernica desde 1979 hacen que sea necesario ya "un nuevo sistema de autogobierno", aunque el objetivo final es que "Euskadi sea una nación en Europa", como lo son "Estonia o Croacia" y para ello defiende "vincular soberanía política y soberanía económica", entendida esta última no como proteccionismo, sino como "una Euskadi menos dependiente y más abierta al mundo".
El programa incluye también un apartado sobre "Paz, Derechos Humanos y Convivencia", en el que se plantea presentar las acciones que se pongan en marcha en esta materia a las instituciones europeas para alcanzar un acuerdo que haga posible su desarrollo. También propone colaborar con Naciones Unidas para que su Alto Comisionado para los Derechos Humanos oriente y asesore a la región en los contenidos del plan de paz y convivencia.
Tras el anuncio de ETA de cese definitivo de su actividad terrorista, aboga por lograr el "máximo consenso social y político" para construir la paz y la convivencia. Con este fin propone elaborar una base de datos que incluya todas las vulneraciones de derechos humanos ocurridas en los últimos 50 años, en cuyo diseño participen un grupo de personas independientes y de prestigio.
Asimismo, el Gobierno Vasco defiende mantener canales fluidos de diálogo con el Ejecutivo central para buscar soluciones conjuntas y, en el ámbito penitenciario, reclama la transferencia a la comunidad vasca de las competencias de prisiones y el acercamiento de presos.