La juez Mercedes Alaya, que investiga la supuesta administración fraudulenta de la partida presupuestaria 31L de los fondos de la Junta de Andalucía, señala en uno de sus últimos autos las "relaciones" que mediarían entre la conocida familia de empresarios Ruiz Mateos y el exsindicalista Juan Lanzas, a quien atribuye un "exagerado enriquecimiento" de más de 13 millones de euros gracias principalmente a las sobrecomisiones del 20 o incluso 29 por ciento conectadas con el coste final de las pólizas de seguro de rentas pagadas con la citada partida. Estas sobrecomisiones, según la juez, fueron el "alimento" del que se nutrían todas las partes de la trama.
La juez Alaya investiga como es sabido una presunta trama de prejubilaciones fraudulentas descubierta en numerosos expedientes de regulación de empleo (ERE) promovidos por empresas andaluzas y financiados con cargo a la partida presupuestaria 31L de los fondos autonómicos. Mediante un acuerdo rubricado en 2001 entre la Dirección General de Trabajo y Seguridad Social y el antiguo Instituto de Fomento de Andalucía (IFA), durante los últimos años, la segunda de las instituciones habría librado directamente 647.869.157,45 euros para sufragar la reestructuración de empresas en crisis con cargo a la partida 31L, una fórmula supuestamente ajena a la Ley autonómica de Hacienda Pública al prescindir supuestamente de la fiscalización administrativa, siempre según la investigación.
Prejubilaciones fraudulentas
Merced a estos fondos, de cualquier modo, habría sido financiada la presunta prejubilación fraudulenta de unas 72 personas y la prejubilación irregular de otras 111 personas en 67 expedientes de regulación de empleo, además de numerosas ayudas directas a empresas relacionadas con dirigentes públicos o miembros del PSOE. Como consecuencia de estos hechos, figuran actualmente como imputados el exconsejero de Empleo Antonio Fernández; el ex director general de Trabajo y Seguridad Social Francisco Javier Guerrero -de nuevo en prisión-, los sucesores de este último en tal cargo, Juan Márquez y Daniel Alberto Rivera; el exviceconsejero de Empleo Agustín Barberá; el ex delegado provincial de la Consejería de Empleo en Sevilla; Antonio Rivas, el exsindicalista de UGT Juan Lanzas -también en prisión- y los exdirectivos de Mercasevilla Fernando Mellet y Daniel Ponce, entre muchos otros.
Según informa Europa Press, uno de los aspectos que incluye la investigación, en ese sentido, versa sobre las posibles comisiones que habrían cosechado las empresas intermediarias del sector de los seguros gracias a la contratación de las pólizas de seguro de rentas que acompañaban a los citados expedientes de regulación de empleo. Uno de los atestados policiales, por ejemplo, señalaba que las empresas de consultoría Hermes Consulting y Maginae Solutions habrían obtenido un beneficio de 186.800 euros sólo por su papel de "intermediación" en el ERE promovido en 2007 por Mercasevilla.
La "clave", en las sobrecomisiones
Pues bien, en el auto emitido el 22 de marzo para ordenar el ingreso en prisión de Juan Lanzas, la juez Mercedes Alaya analiza pormenorizadamente este aspecto concreto, explicando el papel de cada una de las partes, con "la Consejería de Empleo otorgando las subvenciones" y "las consultoras, los intermediarios (sindicatos) y los despachos de abogados que tramitarían el proceso de reestructuración empresarial", toda vez que "la clave de este proceso son las sobrecomisiones, en algunos casos millonarias, fijadas por las consultoras, de las que se surte cada interviniente". Las sobrecomisiones, según la juez, constituían "el verdadero alimento de esta trama corrupta" y del que "se nutren no sólo las mediadoras, sino presuntamente y a espaldas de éstas, sus principales responsables".
"Indiciariamente, se alimentaría además de la misma -en referencia a las sobrecomisiones- la autoridad pública que permitiría la ilícita disposición de los fondos, así como los sindicatos e intermediarios, que seguirían buscando nuevas empresas en situación de crisis para incrementar el negocio". La juez, así, da cuenta de la "relación de amistad" que unía a Juan Lanzas y Francisco Javier Guerrero y señala, por ejemplo, que para los expedientes de regulación de empleo promovidos en Matadero de Fuente Obejuna, Juan Lanzas negoció una financiación pública gracias a sus contactos en la administración. Después de que en estos ERE interveniesen el gabinete Estudios Jurídicos Villasís y la consultora Vitalia, las pólizas de seguro de rentas pactadas para las prejubilación incluyeron comisiones de incluso "el 29 por ciento" en algunos casos.