La juez Alaya ha constatado que la Junta de Andalucía amplió el fondo de reptiles, concediéndose más ayudas de manera irregular y aumentando de ese modo el negocio de los comisionistas. Si esta conducta ocurrió con conocimiento de lo que se hacía con el dinero, los responsables de la Junta que hubieran participado en el circuito tendrían responsabilidades penales. Como mínimo, ya hay una evidente responsabilidad política por no haber vigilado adecuadamente el uso del dinero público.
Según se desprende de la instrucción judicial y de la propia Comisión de Investigación, José Antonio Griñán, ahora presidente del PSOE nacional, de la Junta de Andalucía y, en el tiempo de lo s hechos, consejero de Economía y Hacienda, fue quien "firmó y elevó para su aprobación por el Consejo de Gobierno" dice El Mundo, numerosas modificaciones presupuestarias por las que se incrementó el crédito de la partida para los ERE durante su etapa como consejero de Economía y Hacienda (2004-2009). Pero Griñán niega que tenga responsabilidad alguna en los hechos.
"Las piezas del puzzle" conducen a Griñán
Los hechos comienzan a encajar, como dice la Juez Alaya en uno de sus autos: saltándose a la torera la Ley General de la Hacienda Pública de Andalucía, la Consejería de Empleo concedió ayudas del fondo de reptiles (partida 31.L) por encima del presupuesto fijado lo que provocaba un desfase presupuestario. Según la juez Alaya, la razón es la distribución de comisiones a los diferentes beneficarios: sindicalistas, bufetes, consultoras, conseguidores y altos cargos
Cuando se detectaba el desfase, la Junta aprobaba modificaciones presupuestarias a favor de la partida 31.L. El hecho es que muchas de estas modificaciones presupuestarias fueron firmadas y elevadas al Consejo de Gobierno para su aprobación por José Antonio de Griñán, titular de la Consejería de Economía y Hacienda entre el 24 de abril de 2004 y el 23 de abril de 2009. Precisamente una de estas modificaciones, firmada el 22 de noviembre de 2005 y por 799.895,97 euros, financió 15 prejubilaciones que la juez considera falsas puesto que eran trabajadores de una mina que había cerrado 17 años antes.
Griñán tuvo que conocer las irregularidades porque la Intervención General de la Junta de Andalucía lo denunció 17 veces y el ex Interventor así lo ha señalado. Recuérdese que Manuel Gómez Martínez, el ex interventor, acusó a Griñán y a su consejera de Hacienda y Administración Pública, Carmen Martínez Aguayo, de "cebar sin descanso la corrupta partida presupuestaria de los ERE" al hacer caso omiso a las 17 advertencias que les hizo llegar por escrito para que se parara el fraude.
El "sistema" y un curioso correo de Guerrero
La sobrecomisiones que la Junta pagaba eran la grasa de la maquinaria de la trama corrupta que convirtió los ERE en negocio. Se trataba de que los fondos que debían tener como destino a los parados andaluces entraran en un entramado financiero y societario que tapaba a los beneficiarios reales del dinero.
Un correo electrónico aportado por ABC da una idea de cómo actuaba el sistema. El correo va desde Francisco Javier Guerrero, ex director general de Trabajo de la Junta de Andalucía a Estudios Jurídicos Villasís, bufete de abogados sevillano que contrató al ex ugetista Juan Lanzas (en prisión provisional), enlace directo con los sindicatos. Su texto dice: "Adelántame 100.000 euros, que ya me he comprometido" y añade: "Ya te compensaré de otra forma".
Esto convierte al despacho de los hermanos en estación clave del blanqueo del dinero obtenido con sobrecomisiones superiores en un 15% o más a las fijadas por los precios del mercado.
Las sobrecomisiones y la Junta de Andalucía
¿Quién fijaba el porcentaje de las sobrecomisiones a pesar de estar tan por encima de las tasas del mercadao? La Razón dice que era la Junta la que las fijaba junto con las mediadoras.
La Junta fijaba las sobrecomisiones de los ERE con las mediadoras según los documentos en poder del Juzgado de Instrucción 6 de Sevilla. En uno de ellos, la consultora Uniter trasladó a la Consejería de Empleo tres ofertas de compañías de seguros para hacerse cargo de las primas de las pólizas de prejubilaciones de los trabajadores de Delphi.
El importe desglosado incluía la siguiente advertencia: "Las primas están calculadas al 0 por ciento de comisión. Los gastos externos y sus detalles se concretarán por esa viceconsejería". Se refiere al viceconsejero de Empleo, Agustín Barberá; el representante de la mediadora era José González Matas. Ambos están imputados en la causa.
La juez Mercedes Alaya ya dejó claro en el nuevo auto de prisión de Guerrero que el ex alto cargo «recibiría para sí por parte de los inculpados Antonio Albarracín, Juan Lanzas Fernández y José González Matas, dádivas o presentes a cambio de los cuales omitiría la celebración de licitación pública para la designación de las consultoras en los procesos de reestructuración empresarial y permitiría, tanto a Vitalia como a Uniter por su gestión de las pólizas de rentas, unas comisiones elevadísimas en relación al precio de mercado, superiores en un 15 %, y que serían soportadas en su mayor parte por la Junta de Andalucía. Según el sumario, la práctica de trabajar con las consultoras sin mediar concurso estaba institucionalizada y prosiguió tras la marcha de Guerrero.
Uniter cobró sobrecomisiones de unos 7.000.000 de euros en el caso Delphi, uno de los ERE más importantes porque el número de prejubilados superó los 600. Parte del dinero de las comisiones fue también al entorno de los sindicatos UGT y CC OO por sus labores de "asesoramiento". Precisamente el dueño de Uniter, José González Mata, declara hoy por la tarde ante la juez. También lo hará el abogado de Estudios Jurídicos Villasís Carlos Leal.
Y el consejero Fernández lo sabía
Antonio Fernández, exconsejero de Empleo de la Junta, que ha ocupado numerosos cargos en la Junta de Andalucía y en la Diputación de Cádiz, es de Jerez, como de Jerez es la sede principal de la consultora Uniter, aunque su director, José González Mata, dice no conocer mucho al ex consejero Fernández.
Sin embargo, la juez Alaya considera que Fernández, consejero de 2004 a 2010, conocía las irregularidades. De hecho, está imputado y en libertad bajo fianza. Según Alaya, las sobrecomisiones "se acordaban presuntamente por el director general de Vitalia y el director general de Trabajo", el encarcelado por segunda vez Francisco Javier Guerrero, pero "con el consentimiento y autorización de los superiores jerárquicos de ambos", esto es, el exconsejero Fernández y los encarcelados Pascual y Vaqué.
Alaya sostiene que "la Junta consentiría" las "irregularidades" en "claro perjuicio del erario público, como también consentiría en esta póliza la inclusión de esposas de sindicalistas, amigos de Juan Lanzas". Albarracín declaró que "antes de que llegara el tema a Vitalia, la empresa, los sindicatos y la Junta ya habían pactado la parte que pagaba la Junta" y "la empresa".