El Gobierno no se sitúa "en otro escenario" que no sea el mantenimiento de la doctrina Parot. "Sería un auténtico mazazo que ni nos planteamos, estamos cargados de razones", aseguran a pocos días de que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos se pronuncie sobre el recurso del Ejecutivo. El fin de este método supondría, de inmediato, la excarcelación de 60 terroristas de ETA -los más sanguinarios, como los hermanos Troitiño o Santi Potros- así como otros tantos violadores y asesinos en serie.
En Moncloa niegan inacción, pese a la queja de las víctimas: "Siempre hemos sido muy claros en este sentido, y de ahí que presentáramos un recurso", argumentan. En efecto, el Gobierno recurrió la sentencia del TEDH según la cual la aplicación de la doctrina Parot a Inés del Río, miembro de la banda terrorista, no se ajustaba a los derechos humanos. A partir de ahí, aún de forma discreta, "hemos hecho cuántas gestiones han estado en nuestra mano" para "acabar con esta locura", en voz de un alto cargo del Ejecutivo.
Una de las principales razones que aporta el Ministerio de Justicia ante Estrasburgo es el hecho de que los dos máximos garantes del Estado de Derecho español, el Tribunal Supremo y el Tribunal Constitucional, avalaron mantener entre rejas a "los mayores terroristas y los más peligrosos delincuentes comunes que en estos momentos se encuentran cumpliendo sus condenas", en palabras de Alberto Ruiz Gallardón. Advierte de que un revés de tales dimensiones "tendría una repercusión muy negativa para el sistema jurídico español",
Puesta esta base jurídica, el Ejecutivo protestó ante el TEDH y el recurso fue admitido a trámite. A ello se acogen desde el gabinete para intentar transmitir tranquilidad y confianza: "La admisión a trámite de este tipo de recursos es absolutamente excepcional", aduce Gallardón. Y es cierto: no supera el cinco por ciento y el porcentaje de asuntos admitidos a trámite y que después son estimados es alto.
En este sentido, el Ejecutivo recuerda que estamos hablando de la legislación "penitenciaria" pero, en ningún caso, de la "penal". Así lo enfatizó Soraya Sáenz de Santamaría este viernes, al término del Consejo de Ministros. "El Gobierno confía en que sea atendido el recurso porque es una cuestión de justicia, de justicia penitenciaria", fueron sus palabras.
Otro punto a favor del Ejecutivo es la "sensibilidad" de países tan importantes como Inglaterra y Francia en las causas terroristas. Allí, como en España, "causa estupor la mera posibilidad de ver a estos tipos en la calle", dicen en el Gobierno. Y la voz de estos países es decisiva, inciden.
Pedraza se queja de la lentitud del Gobierno
La reacción gubernamental no acaba de satisfacer a las víctimas. "Hasta hace una semana no hemos empezado a escuchar a preocupación del Gobierno sobre lo que supondría poner fin a la doctrina Parot", se quejó Ángeles Pedraza, presidenta de la AVT. En el seno del partido que sustenta al Ejecutivo reconocen que la mera posibilidad de que Estrasburgo no les de la razón provoca "escalofríos a toda persona de bien".
De hecho, corroboran, el caso no tiene más recorrido. "Si el TEDH no nos da la razón, tendremos que proceder a cumplir con las sentencias", recalcan. Aunque tal posibilidad no se baraja ni en público ni en privado: el escrito de la Abogacía del Estado está "bien armado" y "los españoles pueden estar tranquilos porque la cordura se impondrá", se insistió oficialmente.