Nueva 'garzonada' del juez Javier Gómez Bermúdez. El magistrado de la Audiencia Nacional ha admitido este lunes a trámite la querella interpuesta por Izquierda Unida (IU) para investigar la supuesta contabilidad B en el Partido Popular.
La maniobra judicial no sería tan rocambolesca si no fuera porque Gómez Bermúdez ha decidido investigar estos hechos después de que el juez Pablo Ruz, instructor del caso Gürtel, reclamara su competencia para investigar los presuntos donativos y pagos opacos en el PP el pasado jueves y, en consecuencia, procediera a abrir una pieza separada.
Por si fuera poco, el juez ha adoptado esta decisión después de que el Ministerio Fiscal haya informado de que la querella de IU debe ser instruida por el instructor Pablo Ruz y acumularse así a las diligencias ya abiertas por este magistrado. De hecho en el auto dictado este lunes, el propio Gómez Bermúdez reconoce que Anticorrupción le ha instado a inhibirse a favor del Juzgado de Instrucción Número 5, dirigido por su compañero.
Sin embargo, ninguno de estos hechos ha frenado al juez que presidió el tribunal del 11-M para abrir una investigación por los papeles publicados por el diario El País.
En primer lugar en la resolución, el instructor responde a la Fiscalía que antes de inhibirse es "preciso" oír a los querellantes "para que aleguen lo que a su derecho convenga para lo que deberán tener conocimiento de los documentos, autos, e informes" pertinentes.
No imputa a Rato, Acebes y Trillo
La querella en cuestión, elaborada conjuntamente por Izquierda Unida con la Asociación Justicia y Sociedad, la Asociación Libre de Abogados, Ecologistas en Acción y la Federación de los Verdes, se dirigía contra los extesoreros del PP Luis Bárcenas y Álvaro Lapuerta, y los que fueran responsables de organización, finanzas y asesoría legal del PP y exministros Ángel Acebes, Rodrigo Rato y Federico Trillo, por supuestas comisiones irregulares al PP entre los años 2003 y 2008.
A los querellados, Bárcenas, Crespo y García Pozuelo, que están ya imputados en la investigación sobre la trama 'Gürtel', Gómez Bermúdez los cita a declarar de nuevo los próximos días 25, 26 y 27 aunque la fecha exacta está aún por determinar.
Sobre Rato, Acebes y Trillo, el juez Bermúdez subraya que "resulta prematuro" citarlos a declarar como imputados ya que esto "distorsionaría la instrucción" aunque añade "sin perjuicio, claro está de lo que resulte en el curso de ésta".
Además, la querella de IU se dirigía contra varios empresarios que presuntamente habrían donado dinero al PP. Estos son el presidente del Grupo Sando, José Luis Sánchez Domínguez, al que se atribuyen más un millón de euros; Manuel Contreras Caro, presidente de Azvy, 858.000 euros; Juan Manuel Villar Mir, ex presidente de OHL, más de medio millón de euros; Luis de Rivero, ex presidente Sacyr Vallehermoso, medio millón euros; Alfonso García Pozuelo, de construcciones Hispánica, entre 250.000 y 300.000 euros; Juan Manuel Fernández, de Aldesa, entre 250.000 y 300.000 euros; José Mayor Oreja, de Fomento de Construcciones y Contratas, 165.000 euros; Antonio Vilella, de Construcciones Rubau, 100.000 euros; Adolfo Sánchez, 98.500 euros. En la resolución, el magistrado anuncia que también los llamará a declarar en calidad de imputados a su juzgado los próximos 25, 26 y 27 de marzo sin concretar ningún dato más. El magistrado justifica esta medida por garantía procesal y para que puedan ejercer así su derecho de defensa.
Por otro lado, el juez Bermúdez requiere al PP que le aporte en el plazo de siete días la copia o relación de los ingresos o donativos recibidos entre 2002 y 2009. También quiere que El País envíe a su juzgado "los originales de todos los documentos" que tenga referidos a los apuntes contables de esta formación política.
Cuestión de competencia
Sin embargo, la diligencia que mejor prueba las intenciones de Javier Gómez Bermúdez es en la que reclama al juzgado de Instrucción Número 5 toda la documentación relativa a los papeles atribuidos a Bárcenas como, por ejemplo, varios escritos fiscales o el informe de la UDEF sobre la conexidad entre la trama Gurtel y los papeles publicados por el diario de Prisa.
Fuentes jurídicas consultadas por Libertad Digital señalan que el juez Pablo Ruz no está obligado a entregar al Juzgado Número 3 dicha documentación. Al menos hasta que se resuelva quién es el magistrado competente para instruir esta causa. Las mismas fuentes señalan que lo lógico ahora sería que Ruz rechazara la petición de Gómez Bermúdez y que éste planteara una cuestión de competencia ante la Sala de lo Penal, que deberá resolver sobre la misma. Se presume guerra de togas en la Audiencia Nacional.