El titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Palma, José Castro, ha accedido a la petición cursada por el sindicato Manos Limpias de cara a solicitar a la Agencia Tributaria que compruebe si el duque de Palma, Iñaki Urdangarín, la Infanta Cristina, el exvicepresidente del Instituto Nóos Diego Torres y su mujer, Ana María Tejeiro, se han acogido a la amnistía fiscal para regularizar fondos supuestamente evadidos u ocultos.
Mediante una providencia dictada este martes, el magistrado ha acordado asimismo oficiar a Hacienda para que le comunique las cuentas corrientes, depósitos y activos financieros que puedan tener tanto Urdangarín como su exnúmero dos al frente de Nóos.
Manos Limpias, personado como acusación popular en la causa, solicitaba como medio de prueba que la Agencia Trubutaria acredite si todos ellos, al amparo del Real Decreto Ley 12/2012 de 30 de marzo, se han beneficiado de la amnistía fiscal "como personas físicas" así como por mediación de alguna de sus sociedades.
Pascual Vives: "En absoluto" se acogieron
El abogado de Iñaki Urdangarin, Mario Pascual Vives, ha señalado este martes que los duques de Palma no se acogieron "en absoluto" a la a amnistía fiscal, como solicitó investigar el sindicato Manos Limpias, que se ha personado como acusación popular en el caso Nóos.
Ante la posibilidad de que Torres aporte al juez y al fiscal un disco duro de ordenador con todos los correos electrónicos que tiene sobre el caso –según han publicado varios medios–, ha respondido con un irónico "vamos a ver". Al preguntársele si Urdangarín podría haber facturado las nóminas de su servicio doméstico como gastos empresariales con el objetivo de reducir su propia tributación en la declaración del IRPF, se ha mostrado sorprendido pero no ha querido decir nada.
Inicia los trámites para embargar los bienes
Asimismo, el juez instructor ha ordenado que la Agencia Tributaria informe sobre las cuentas corrientes, depósitos y activos financieros de Iñaki Urdangarin y Diego Torres, en vista a cubrir la fianza civil solidaria de 8,1 millones de euros.
Fuentes jurídicas han explicado a Efe que en un proceso como éste lo primero que se procura para atender la fianza civil es conseguir dinero en efectivo de los imputados, y en una segunda fase se recurriría al embargo sus bienes.
La Fiscalía imputó al duque de Palma y a su exsocio un delito contra la Hacienda Pública por el impago del Impuesto de Sociedades y dos por el IRPF en el caso del marido de la Infanta, por haber defraudado 230.979 euros al declarar gastos supuestamente irreales e, incluso, de carácter personal como pueden ser servicios domésticos.