La comisión de expertos, nombrada por el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte para realizar propuestas de cara a la reforma del sistema universitario español, propone que el nuevo modelo de financiación pública de los servicios universitarios "debería poder formularse periódicamente de acuerdo por los resultados obtenidos por cada universidad". Para ello, plantean que las competencias en investigación, que actualmente residen en el Ministerio de Economía y Competitividad, sean devueltas a Educación.
Éstas son algunas de las conclusiones del informe 'Propuestas para la reforma y mejora de la calidad y eficiencia del sistema universitario español', en el que un total de once técnicos han trabajado durante los últimos ocho meses. En el documento se analiza, además del sistema de financiación, la selección del personal docente e investigador, la evaluación de la calidad de las universidades, su gobierno y los estudios y títulos universitarios.
"Nuestras universidades han avanzado mucho desde la Ley de Reforma Universitaria de 1983, pero aún podían haber progresado más, incluso con la modesta financiación que reciben. Como el paso del tiempo ha puesto de manifiesto, no todos los problemas de las universidades son de índole económica, aunque estos sean especialmente serios", indica el preámbulo del estudio.
Financiación universitaria
Entre las propuestas a las administraciones sobre la financiación universitaria, destaca la de reducir el grado de vinculación en el reparto de fondos a los centros públicos a sus costes estructurales, de oferta y capacidad ('inputs') y, por el contrario, incrementar hasta el 20-25 por ciento la parte correspondiente a los resultados de I+D, transferencia tecnológica e innovación ('outputs').
Asimismo, platean vincular la financiación asociada a la docencia a la empleabilidad de sus propios titulados, con el objetivo de incentivar la calidad de los programas docentes; impulsar programas nacionales de investigación competitivos entre universidades; establecer normas de permanencia de los alumnos para evitar estancias prolongadas; alcanzar el objetivo europeo de inversión del 3% del PIB en educación superior –actualmente España no llega al 2% –; o potenciar contratos-programa entre universidades y comunidades autónomas.
Dentro del capítulo sobre la financiación, la comisión de expertos aconseja al ministerio que establezca indicadores objetivos sobre los resultados universitarios y que dé periódicamente publicidad de los mismos; a las comunidades autónomas, que impulsen la implantación de sistemas de contabilidad analíticos que permitan una "adecuada" valoración de los servicios.
Más becas y una ley de mecenazgo
Impulsar una Ley de Mecenazgo extendida a actividades científicas que incentive a particulares y empresas es otra de las propuestas para la mejora del modelo de financiación, junto a la de incrementar la inversión pública en becas y ayudas, tanto para los alumnos de grado como para los de master y doctorado para garantizar la "igualdad de oportunidades" de los alumnos con menos recursos, ya que España se sitúa por debajo de la media de la OCDE, tanto en dotación como en número de ayudas. No obstante, indican que el mantenimiento de las mismas tiene que estar vinculado al rendimiento académico.
Los expertos plantean que se evite la "multiplicidad" de convocatorias y complementariedad de las ayudas y se concentren en una única estructura, "más compacta" que la actual, en la que colaboren el Estado, las comunidades autónomas y las propias universidades. Asimismo, señalan la necesidad de potenciar las becas de movilidad nacional e internacional, tanto en número como en dotación.
"Los beneficios inmediatos (del incremento de becas de movilidad) serían una mejora de nuestro sistema de I+D y una mayor captación e extranjeros de buen nivel", aseguran estos técnicos, que plantean avanzar en las 'becas-salario' que permitan compensar los ingresos laborales que dejan de percibirse por estudiar.
Contratación de doctores extranjeros
"Una universidad vale, sobre todo, lo que vale el claustro de su personal docente e investigador (PDI)", señala el documento. Por ello, sus autores indican que la adecuada selección de su profesorado, y en especial la captación de jóvenes brillantes, "es un aspecto fundamental para el funcionamiento de las buenas universidades".
Así, con el objetivo de mejorar la selección del PDI, proponen dos vías: la acreditación pública nacional de profesores titulares y catedráticos, que es la que se realiza hasta ahora, y que mantiene el carácter funcionarial de este colectivo; y otra más novedosa de contratación de directa e indefinida por las universidades de doctores españoles y extranjeros, también como catedráticos y profesores titulares, pero sin otorgarles la condición de funcionarios.
El informe apunta a la necesidad de prevenir la "endogamia", impidiendo cualquier tipo de contratación por una universidad de un doctor propio, y se recomienda que existan complementos salariales para el PDI ligados al rendimiento del investigador en su conjunto, es decir, del centro o del departamento, que "incentive la selección de los mejores".
La internacionalización de las convocatorias de plazas PDI ('Open positions in Spanish universities'), contratos a doctores por un tiempo de cinco años "para favorecer a jóvenes brillantes", la creación de cátedras especiales 'con nombre' para potenciar el mecenazgo, la promoción de programas de 'años sabáticos' en universidades de prestigio y visitas de extranjeros a España, facilitar el trasvase de profesores e investigadores entre universidades públicas y el CSIC, son algunas de las recomendaciones que sobre la selección del profesorado y del PDI en general.
Para llegar a rector no basta con ser catedrático
La comisión de expertos abre la puerta también a que la elección del rector sea precedida de un anuncio internacional para que el cargo esté disponible también a académicos extranjeros. Además, recomienda que para llegar a rector no baste con ser catedrático, sino académico con tres sexenios de investigación y probada experiencia de y capacidad de gestión. Propone que el mandato sea de cinco años renovables.
Sobre el consejo de la universidad, en el que están representados todos los intereses académicos y de la sociedad, los autores del informe señalan que éste debe contar con 21-25 miembros como máximo y la duración del mandato tiene que ser de cinco años, renovables una sola vez. La pertenencia a este consejo será incompatible con tener o haber tenido un cargo político, empresarial o sindical en organismo público alguno.
Asimismo, plantean que el 50 por ciento del mismo sea elegido por el claustro de la universidad; un 25 por ciento por la correspondiente comunidad autónoma – esto es una novedad –, para "garantizar la participación efectiva de la sociedad"; y el 25% restante será elegido por los anteriores grupos entre personas internas y externas a la universidad.