El juez que instruye el caso Nóos, José Castro, ha impuesto una fianza de responsabilidad civil de 8,1 millones de euros para el Duque de Palma, Iñaki Urdangarín, así como para su exsocio en el Instituto Nóos, Diego Torres, atendiendo así a la petición de la Fiscalía y del Sindicato Manos Limpias.
Así, en un auto de 500 folios, Castro les informa de que tienen cinco días hábiles para abonar la fianza desde el momento en el que se les notifique. Asimismo, señala que pueden responder a la caución de manera subsidiaria, de manera que se pueden repartir el pago de la misma o bien alguno de los afectados podría abonar el importe total de la fianza. En caso de que no pagaran los 8,1 millones de euros, se les embargarían bienes hasta cubrir la cuantía de la fianza que se les ha impuesto.
Por otro lado, en el mismo auto judicial, el magistrado pide a Urdangarín y Torres que le comuniquen si tienen antecedentes penales, por si hubiera que aplicarles la agravante de reincidencia.
Cabe recordar que el pasado 21 de noviembre, la Fiscalía Anticorrupción presentó ante el Juzgado de Instrucción número 3 de Palma su escrito de responsabilidad civil en el que solicita una fianza de 8.189.448 euros para Urdangarín, Torres y las empresas administradas por ambos imputados y a través de las cuales presuntamente desviaron los fondos públicos y privados que obtuvieron a través del Instituto Nóos.
El fiscal Pedro Horrach solicitó de este modo que se abriera una pieza separada de responsabilidad civil. En concreto, las mercantiles a las que la Fiscalía extiende su petición son Nóos Consultoría Estratégica, Aizoon S.L. -de la que la infanta Cristina es copropietaria al 50 por ciento-, Virtual Strategies S.L., Shiriaimasu, Intuit Strategy Innovat y De Goes Center For Stakeholder Management, empresas que centran el foco de atención de la causa junto al propio Instituto Nóos, que entre 2004 y 2007 recibió del Gobierno balear y la Comunidad Valenciana un total de 5,8 millones, mientras que de entidades privadas percibió hasta 4,4 millones de euros.
La petición de fianza, desglosada
Las acusaciones desglosan su petición de fianza en los 1,2 millones de euros que costó el convenio para la celebración del primer Illes Balears Forum (2005); los 1,085 millones del segundo (2006); los 1.044.000 millones de cada una de las tres ediciones llevadas a cabo del evento Valencia Summit, y los 382.000 euros que percibió Nóos de la Sociedad Gestora para la Imagen Estratégica y Promocional de la Comunidad Valenciana, entonces dirigida por el dirigente del PP Esteban González Pons, por la celebración de unos Juegos Europeos que nunca tuvieron lugar.
Asimismo, se incluyen los 54.520 euros pagados a Nóos por el Gobierno balear para el seguimiento de la repercusión del equipo ciclista Illes Balears-Banesto; los 174.000 que pagó el Illesport por la creación de la oficina del proyecto de este equipo deportivo; los 116.566 del Ibatur por la elaboración de material promocional del Illes Balears, y 2,1 millones de multa que por Ley deben exigirse (un tercio de la cantidad global solicitada).
No son los únicos responsables
Al justificar la petición de una fianza millonaria, el juez instructor sostiene que hay "más que suficientes indicios de criminalidad" y de la comisión de cinco delitos por parte de Urdangarín y Torres. En concreto aprecia "indicios racionales" de los delitos de falsedad documental, prevaricación administrativa, malversación de fondos públicos, fraude a la Administración y tráfico de influencias de los que "podrían reputarse como autores" Urdangarin y Torres.
El juez ha aseverado en su auto que ambos no son "los únicos criminalmente responsables" y ha reprochado en este contexto el papel que desempeñaron las Administraciones públicas y más en concreto de quienes gestionaban el dinero que acabó desviado. El magistrado llega a afirmar que se limita a imponer la caución a Urdangarin y Torres "por exigencia de congruencia" con las peticiones de la Fiscalía Anticorrupción y el sindicato Manos Limpias, al considerar que "deviene imposible imaginar una disposición de fondos públicos en la que no intervenga de una manera activa o pasiva quien tiene encomendada su gestión".