La Generalidad de Cataluña ha anunciado este martes que llevará al Tribunal Constitucional (TC) el Real Decreto Ley 14/2012 de Medidas urgentes de racionalización del gasto público en el ámbito educativo, que regula las sustituciones del profesorado, porque considera que "invade" sus competencias.
Así lo han anunciado la consejera de Enseñanza, Irene Rigau, y el consejero de Presidencia, Francesc Homs, en la rueda de prensa posterior al Consejo Ejecutivo que se ha centrado en cuestiones educativas, como la decisión de impugnar este Real Decreto ley al TC, después de que el ‘Consejo de Garantías Estatutarias’ concluyera por unanimidad en junio que buena parte de los artículos contravienen el Estatuto catalán y la Constitución.
Concretamente, se impugnarán los artículos 3, 4 y 6 – apartados 1, 3, 4 y 7 –, la parte de la norma que legisla sobre la determinación de la jornada lectiva del personal docente y el plazo para la sustitución transitoria del profesorado.
El artículo 4, precisamente, incrementa el plazo de sustitución del profesorado, como consecuencia de las limitaciones de oferta de ocupación, a la vez que considera que las ausencias cortas no deben ser cubiertas por personal interino, sino con los recursos del mismo centro. El Consejo de Ministros aprobó el pasado 20 de abril el decreto, que establece que las bajas no se cubrirán con sustituciones externas hasta pasados los diez primeros días.
"Evidente" invasión del Estado
Rigau ha subrayado "la evidente" invasión competencial del Estado, especialmente en el ámbito de los profesores sustitutos, porque hasta ahora la regulación de esta cuestión la gestionaba la Generalidad en el ejercicio de sus potestades organizativas sobre los centros y en relación al personal docente.
La consejera ha deplorado que la última posición del Ministerio de Educación, que recibieron la tarde de este lunes, no respondiera a las alegaciones de la Generalidad referentes al artículo 4 sobre los profesores sustitutos que es "la gran invasión competencial".
También ha lamentado que el artículo 3 sobre la jornada lectiva establezca un horario mínimo de 25 horas en la etapa Primaria y de 20 en la Secundaria que deberá cumplir el profesorado, lo que el Ministerio ha justificado para poder cumplir los objetivos, las competencias básicas y las enseñanzas concretadas en los currículums.
En relación a la educación universitaria, el Gobierno ha recurrido el artículo 6.1 en relación a los requisitos de creación y mantenimiento de centros y estructuras universitarias, además del 6.3 sobre la cooperación entre universidades; el 6.4, sobre el régimen de dedicación del personal docente investigadores (PDI), y el 7, sobre la financiación de becas y ayudas, porque no respeta la autonomía financiera de la Generalidad.
Después de que el Consejo de Garantías Estatutarias determinara que había determinados preceptos inconstitucionales, se abrió un proceso de negociación bilateral Generalidad-Estado con la finalidad de "resolver las discrepancias" en relación a los artículos ahora recurridos, pese a que no fue posible ningún acuerdo que evitara el recurso.
"Inconstitucional respirar en catalán"
Al mismo tiempo que se anunciaba este medida de recurrir al Alto Tribunal, el portavoz del gobierno catalán y consejero de Presidencia reprochaba que el Ejecutivo de Mariano Rajoy vea inconstitucional cualquier cosa que hace la Generalidad, por lo que se ha preguntado si acabará situando fuera de la ley el hecho de "respirar en catalán".
Según Homs, como todo lo que se hace desde Cataluña es tildado de inconstitucional por parte del Gobierno, al final sus acusaciones acaban teniendo un "valor escaso". Además, ha criticado la posición Gobierno central sobre la declaración de soberanía, que establece que Cataluña es un sujeto con derechos políticos y jurídicos. Según Homs, esta declaración no debería escandalizar a nadie porque ya hace años que ocurre, como prueba en su opinión el restablecimiento de la Generalidad en 1977 y todas las elecciones autonómicas donde sólo votan los catalanes, no todos los españoles.
Homs ha valorado positivamente la declaración de soberanía acordada por CiU y ERC: el texto registrado este martes ya no habla de Estado propio dentro de la UE, sino de derecho a decidir y de convocar una consulta de autodeterminación. El portavoz ha agradecido a ICV-EUiA y CUP su disposición a consensuar la declaración de soberanía y ha instado al PSC a tener una "predisposición honesta al diálogo" tras los gestos de generosidad que en su opinión han hecho CiU y ERC.