El presidente del movimiento cívico 12-O, Ángel Hernández, ha presentado un escrito a la Comisión española de Cooperación con la Unesco, según informa ABC, para pedir que se adopten medidas para poner fin a la "violación de derechos civiles de los ciudadanos de Cataluña" por parte de sus autoridades e instituciones, en especial de la Consejería de Educación, la de Cultura y por la legislación emitida por el propio Parlamento catalán".
En el documento, no sólo se invoca la Convención sobre la protección y promoción de la diversidad de las expresiones culturales aprobada el 20 de octubre de 2005 por la Unesco, sino que también acusa a la Administración catalana de incumplir las sentencias judiciales.
De esta manera se perfecciona "la violación de los mencionados derechos civiles de una parte de la población que se ve discriminada por estas actuaciones, sin defensa ni apoyos oficiales". Y recrimina al Gobierno español su "inhibición" en este asunto.
Recuerda el movimiento cívico que los catalanes "tienen el idioma español como lengua propia" y que "es lengua común y oficial en esta comunidad autónoma", pero que esta "discriminada".
"Dichas discriminaciones en materia lingüística son utilizadas por la administración catalana para segregar y discriminar en diferentes ámbitos de todas las administraciones a los funcionarios, así como en sectores privados de empresas, trabajadores o inmigración", indica el escrito remitido a la Unesco.