El juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz ha rechazado investigar, por falta de competencia, la declaración ante la Policía del financiero Javier de la Rosa en la que aseguró que estaba sufriendo amenazas por disponer de información sobre las supuestas cuentas en el extranjero del expresidente de la Generalidad Jordi Pujol. Se inhibe en favor del Juzgado número 43 de Madrid, que fue al que la Policía trasladó inicialmente estos hechos.
El titular del Juzgado Central de Instrucción número 5 estima que en aplicación de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) no le cabe asumir la competencia de este asunto. También rechaza tener competencia sobre las declaraciones ante la UDEF de la expareja sentimental de Jordi Pujol hijo, María Victoria Álvarez Martín.
Ruz indica que las declaraciones de De la Rosa, realizadas en dependencias policiales el pasado 5 de diciembre, son ampliatorias de las que ya dieron origen a unas diligencias incoadas por el Juzgado Número 43 de Madrid por presuntos delitos de amenazas y coacciones, sobre los que la Audiencia Nacional no es competente.
El magistrado también se refiere a la petición realizada por la Fiscalía Anticorrupción instando la declaración de la expareja de Jordi Pujol hijo, que denunció en dependencias policiales la existencia de viajes realizados por éste a Andorra portando una mochila con gran cantidad de dinero en billetes de 500 euros, así como la realización de viajes a México para la gestión de casinos y construcción de un hotel y a Londres para invertir en una empresa de comunicaciones.
En esta última ciudad, según Álvarez, se mantuvo una reunión con una persona dedicada a blanquear dinero en las Islas del Canal que, según su exnovio, "les llevaba muchos negocios a su familia". Esta mujer también relató ante la Policía que Jordi Pujol hijo realizó viajes a Argentina en 2008 para hacer inversiones en el Puerto del Rosario.
Datos "insuficientes e inconcretos"
Sobre esta declaraciones, Ruz señala que no aparecen acompañadas por informe alguno de la Unidad Policial Actuante, que es la UDEF, "que tampoco ha practicado gestión alguna para verificar los extremos objeto de la declaración prestada".
En este sentido, Ruz indica que los datos aportados por la mujer "resultan manifiestamente insuficientes e inconcretos para iniciar una mínima investigación criminal" y apunta que, por ello, consideraría "pertinente" la toma de declaración pedida por el fiscal. Pero indica que él no está en disposición de ordenar tal diligencia porque los hechos no son de su competencia.
La denuncia de De la Rosa
De la Rosa se presentó el pasado 29 de noviembre en la sede de la Unidad de Delitos Económicos y Financieros (UDEF) para denunciar que estaba siendo objeto de amenazas y coacciones, y la Policía trasladó su denuncia a los juzgados de Instrucción de Plaza de Castilla, que por el sistema de reparto recayó en el número 43.
El 5 de diciembre el financiero realizó una ampliación de esta denuncia en la que concretaba que las amenazas tenían su origen en el borrador policial sobre las cuentas de la familia Pujol publicado el 16 de noviembre por El Mundo y su implicación en el caso Grand Tibidabo.
Según el citado borrador, el matrimonio Pujol Ferrusola y sus dos hijos disponen de un capital de 165 milllones de francos suizos (137 millones de euros) en la banca privada Lombard Odio de Ginebra (Suiza).